Jueza da un úlitmo plazo a las autoridades involucradas para acatar la orden que emitió en octubre pasado
Mérida, Yucatán, 30 de noviembre del 2018.- El Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación resolvió que ni las autoridades estatales ni las empresas Kekén y Productos Alimentarios y Porcícolas (PAPO) cumplieron con la orden de suspensión de la mega granja porcícola de Homún, emitida el pasado mes de octubre, por lo que el día de ayer les brindó un plazo de 24 horas para detener las operaciones en el recinto o de lo contrario, se denunciará al Ministerio Público de la Federación y se iniciará un incidente de inejecución que podría concluir en la destitución del cargo de los servidores públicos involucrados.
Como se ha informado en Desde el Balcón, el pasado 7 de noviembre el colectivo Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes) promovió ante la Jueza Cuarta de Distrito, Miriam Cámara Patrón, un incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva de operaciones de la mega granja ya que dos días antes había fenecido el plazo para que los cerdos fueran desalojados de las instalaciones.
Con motivo de ese incidente se llevó a cabo una audiencia el 26 de noviembre, en la que el Gobierno del Estado argumentó que cumplió con la orden federal porque ordenó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) tomar las acciones necesarias para ejecutar la medida cautelar del Juzgado.
Esta última dependencia declaró que sí cumplió porque retiró la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y realizó una inspección a la granja el 13 de noviembre. Por su parte, el Ayuntamiento señaló que llevó a cabo una sesión de cabildo para determinar que con auxilio de la Policía Municipal se ordenara a la empresa la paralización de labores.
Sin embargo, la Jueza determinó que las autoridades “cumplieron defectuosamente la suspensión definitiva”, es decir, que no se ha cumplido a cabalidad con la orden que emitió desde el pasado mes de octubre, ya que según consta en el propio acta dela inspección de la SEDUMA, los trabajadores atestiguan que no han sido retirados los cerdos y no fue colocado ningún sello de clausura en el recinto.
“Las autoridades pudieron haber intervenido en la granja porque la ley las faculta, incluso si había imposibilidad del retiro de los cerdos ellos podían hacer uso de medidas como disponer de áreas en rastros. El gobierno de Mauricio Vila Dosal tiene facultades suficientes para lidiar con el asunto y dar cumplimiento a la suspensión pero no ha ocurrido hasta este momento”, sostuvo la abogada del colectivo Indignación, Lourdes Medina Carrillo.
Por ello el día de ayer la Jueza resolvió otorgar a las autoridades y a las empresas un último plazo de 24 horas para cumplir con la orden federal de suspensión, es decir, en el transcurso del día de hoy la granja deberá paralizar sus actividades y cerrar sus instalaciones. Las autoridades estatales incluso podrían hacer uso de la fuerza pública, es decir, ser auxiliados por elementos de la Policía Estatal para ejecutar el mandato.
De acuerdo a Medina Carrillo, si la orden no es ejecutada se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y se iniciará un incidente de inejecución que podría concluir en la destitución del cargo de los servidores públicos involucrados o en la inhabilitación para poder ejercer funciones de la misma naturaleza en el futuro.
Por otro lado, los integrantes de Ka’anan Ts’onot informaron que enviaron oficios a las embajadas de Corea, Japón y China, países a los que se exportarían los productos de PAPO, con la intención de que conozcan la situación social de la comunidad en la que se ubica la granja y eventualmente, les sean retirados los sellos de “Empresa socialmente responsable” o los ISOS de calidad.
“Kekén no es una empresa socialmente responsable porque no está cumpliendo con los estándares internacionales y está siendo partícipe de todas las ilegalidades que se han cometido para abrir esta mega granja”, puntualizó María Carolina Ix Chim, miembro de Ka’anan Ts’onot. (Lilia Balam)
Gobierno en desacuerdo
Según fuentes de la Consejería Judírica del Gobierno del Estado, se interpondrá una acción legal porque la jueza extralimitó sus funciones al emplazar al gobernador Mauricio Vila Dosal en este caso.