El Congreso Local analizará otra propuesta enviada por el Poder Judicial
Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2020.– Este jueves, en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación del Congreso Local, se distribuyó el paquete de modificaciones al Código de Familia propuesto por el Poder Judicial, entre las propuestas destaca una nueva figura que contempla a los matrimonios igualitarios, lo que dará pauta a un nuevo análisis en la materia.
Como se recordará, la iniciativa fue suscrita por el titular del Poder Judicial, magistrado, Ricardo Ávila Herrera, el siete de noviembre del año pasado.
La propuesta establece una nueva definición de matrimonio como la unión jurídica libre y voluntaria entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, término que suprime las referencias al hombre y a la mujer, y en su lugar considera a las parejas sin distinción de sexo.
Se espera que en próximas semanas las y los legisladores regresen a la discusión, como ocurrió en abril y julio del año pasado, cuando se rechazó en dos ocasiones por mayoría y con votación secreta.
Con este nuevo análisis sería la tercera ocasión en la que el Congreso Local tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar la propuesta.
Durante la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación, presidida por Karla Franco Blanco (PRI), se pidió a la Secretaría General del Congreso del Estado armar los cuadros comparativos de la iniciativa y distribuirla.
SOLICITUD ESPECIAL
En el mismo sentido, la legisladora Milagros Romero Bastarrachea (MC), explicó que la propuesta del Poder Judicial busca cambios a la ley del Código de Familia, sin embargo, para hacer realidad los matrimonios entre personas del mismo sexo, también se requiere hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán, pues ahí igual se establece que las nupcias legales son únicamente entre una mujer y un hombre.
Cabe señalar que en un caso hipotético el Congreso Local apruebe la iniciativa enviada por el Poder Judicial, de no hacerse cambios a la Constitución Política, este tema no podría ser una realidad en la entidad, ya que una ley no puede contradecir a la Constitución Política.
Es decir de poco serviría que el Código de Familia re defina al matrimonio como “la union entre dos personas sin distinción de sexo”, sin aún, en la Constitución Política se establece que es exclusivamente “entre un hombre y una mujer”.
Es por ello que Romero Bastarrachea, solicitó a Franco Blanco, agregar en el análisis su iniciativa que plantea los cambios necesarios a la Constitución Política, para que en un solo estudio se puedan incluir ambas discusiones.
“Entendemos los temas políticos, que hay en el Congreso Local respecto al matrimonio igualitario, pero más allá de las filias y fobias que algunos legisladores tienen, el procedimiento legislativo debe de seguir, por ello pido que se incluya la iniciativa que propone cambios a la Constitución Política ”, comentó.
OTRAS PROPUESTAS DEL PODER JUDICIAL
La iniciativa signada por el Poder Judicial, a voz de las y los diputados viene muy completa, pues además del matrimonio igualitario, reforma y deroga artículos relacionados con trece puntos.
En el primer punto se busca que la obligación de proporcionar alimentos se genere desde el momento de la concepción, lo que implica gastos médicos durante el embarazo, además de que el beneficiario puede solicitarla de manera retroactiva.
Con respecto al derecho de alimentos de las parejas “de hecho estable”, se propone que al igual que en el matrimonio y en el concubinato, las parejas denominadas “de hecho estable” tengan las protecciones legales mínimas, como la obligación alimentaria.
Esta modificación estaría incluyendo a este tipo de parejas, las cuales, según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son aquellas que conviven de forma constante y estable, fundadas en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua.
También se plantea en el mismo sentido la modificación a la figura del concubinato.
En cuanto al tema de restitución de menores, buscan ampliar la garantía para que niños, niñas y adolescentes no sean separados de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad y la custodia, para lo cual se obliga el auxilio de las instancias relativas como son la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) para su ubicación y traslado y efectiva restitución.
El último punto, respecto a la reproducción asistida, se establece que los métodos y técnicas de reproducción asistida integran la planificación familiar, por lo cual forma parte del derecho a la reproducción responsable e informada.
Javier Escalante Rosado