Se publicó el decreto que crea el INE en lugar del IFE

El decreto ya está en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, 11 de febrero de 2014.- A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Gobernación (SG) publicó este lunes el decreto que crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), como parte de la reforma político-electoral aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

Tanto el presidente del nuevo órgano como los consejeros permanecerán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.

Prevé que todo partido político que alcance por lo menos 3 por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados de representación proporcional.

En materia de relección legislativa, los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro (también consecutivos). Serán postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, aclara.

Considera la posibilidad de formar gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso. Este gobierno se regulará por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría del Senado. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

En caso de que el Presidente opte por un gobierno de coalición, la Cámara de Diputados ratificará los nombramientos de los secretarios de Estado, con excepción de los titulares de Defensa y Marina, del secretario de Relaciones Exteriores, de los embajadores y cónsules generales, entre otros.

Anuncia la transformación de la Procuraduría General de la República, pues el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, con patrimonio propio. (La Jornada)