La Fiscalía niega que dichos elementos hayan intentado extorsionar al conductor del vehículo que conducía en exceso de velocidad
Mérida, Yucatán, 28 de marzo de 2016.- Luego que se divulgara en redes sociales un video en donde se observa que dos agentes ministeriales exigían al conductor de un vehículo que se detuviera en el periférico, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estos funcionarios no cumplieron adecuadamente los protocolos, por lo que fueron suspendidos tres días.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que el pasado 24 de marzo, dos elementos de la Policía Ministerial, al realizar labores de patrullaje y vigilancia sobre el Anillo Periférico sur de esta capital, en apoyo al operativo de seguridad por el periodo vacacional «Semana Santa 2016», se percataron de la circulación a exceso de velocidad de un vehículo de lujo que no portaba placa delantera y cuya placa trasera estaba protegida con un porta placas ahumado, lo cual dificultaba su identificación.
Después de seguir al vehículo, identificaron que la placa de circulación era del estado de Quintana Roo, por lo que solicitaron al conductor que se detuviera para realizar una revisión rutinaria, la cual forma parte de las actividades de dicho operativo.
Sin embargo, los agentes incurrieron en una indebida aplicación de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y operativos conjuntos al no identificarse plenamente con los ciudadanos ni informarles los motivos por los cuales se solicitaba que detuvieran su marcha.
Debido a estos hechos y como resultado de las averiguaciones realizadas por la Visitaduría General de la FGE, órgano interno de control de esta dependencia, se informa que los elementos involucrados en los mismos recibirán una sanción administrativa que consistirá en la suspensión de sus funciones por tres días, decisión que se tomó con apego a Derecho y como establece la ley.
La FGE descarta categóricamente que el actuar de sus elementos corresponda a un intento de extorsión o presunta comisión de algún hecho delictivo que pudiera vulnerar la integridad de los ciudadanos.