Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, se señaló en un comunicado
Washington, EE.UU., 31 de enero de 2017.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió ayer a la procuradora general interina, Sally Yates, tras poner en duda la legalidad de la orden ejecutiva del mandatario que prohíbe el ingreso al país a refugiados y a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Sally Yates había ordenado ayer al Departamento de Justicia abstenerse de defender ante los tribunales la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
“No estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con estas responsabilidades ni de que la orden ejecutivo sea legal”, dijo Yates en una carta.
Por la noche, la Casa Blanca aseguró en un comunicado que Yates había “traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir un orden legal diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque sorpresiva, la postura de Yates era más bien simbólica, pues había sido nombrada por el presidente Barack Obama y debía desempeñar el cargo hasta que el nuevo procurador, el senador republicano Jeff Sessions, sea confirmado, lo que se espera ocurra en unos días.
La Presidencia designó como procurador interino a Dana James Boente, fiscal federal en el Distrito Este de Virginia. El nuevo funcionario dijo al diario The Washington Post que aceptará hacer cumplir la orden de inmigración.
También Boente fue nominado para su cargo anterior por Barack Obama en 2015.
El rechazo a la orden ejecutiva de Trump llegó también al Departamento de Estado, donde más de 100 diplomáticos han firmado un documento interno en el que protestan contra el veto, por considerar que será contraproducente en la lucha contra el terrorismo.
En el documento, filtrado ayer a la prensa, numerosos funcionarios del servicio exterior expresan que “esta prohibición (…) no alcanzará su objetivo señalado de proteger al pueblo estadunidense de ataques terroristas de ciudadanos extranjeros que ingresen en Estados Unidos”.
“Además, esa política va en contra de importantes valores estadunidenses como la no discriminación, el juego limpio y la bienvenida a los visitantes extranjeros y los inmigrantes”, añaden.
En respuesta, la Casa Blanca mandó un mensaje que no dejó dudas: el presidente Donald Trump espera que el personal diplomático cumpla con las instrucciones o que se busque otro empleo.
A esas voces contrarias a la medida de Trump se sumaron también la del expresidente Barack Obama, quien apoyó las protestas en todo el país y denunció la discriminación por razones religiosas, dijo su portavoz Kevin Lewis.
Obama “tiene una divergencia fundamental con la idea de discriminación contra personas a raíz de su fe o su religión”, señaló Lewis en Twitter.
Y en el extranjero, los países árabes comenzaron a levantar la voz en contra del veto. Entre ellos está Irak, cuyo gobierno pidió ayer que se revise esta medida, que afecta también a Irán, Siria, Libia, Somalia, Sudán y el Yemen.
Por su parte, el gobierno del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente, expresó su “descontento por la orden ejecutiva de Trump.
El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, uno de los países afectados, instó a los refugiados de su país a que regresen a su lugar de origen, ya que el gobierno está listo para acogerlos.
La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) mostró ayer su “gran preocupación” por el veto que afecta a ciudadanos de siete países musulmanes y miembros de esa institución.
En tanto, Israel informó que está buscando aclarar si el decreto afectaba a las decenas de miles de judíos israelíes nacidos en el extranjero. (Excélsior)