Van contra prácticas discriminatorias en servicio público

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La iniciativa fue distribuida en la Comisión de Igualdad de Género

Mérida, Yucatán, 23 de septiembre de 2020.– Este miércoles, en la Comisión de Género del Congreso Local, se distribuyó una iniciativa suscrita por la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar que evidencia la desigualdad entre las mujeres y los hombres a la hora de acceder a puestos de dirección.

La propuesta busca reformar diversas disposiciones a la “Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal”, con el objeto de eliminar las prácticas discriminatorias que prevalecen hoy en día, y que impiden a las servidoras públicas ejercer plenamente sus prestaciones laborales contenidas en la legislación.

En la propuesta resulta necesario adecuar la legislación en torno a la realidad que se vive, en la cual se disponen de los instrumentos normativos que permiten garantizar el derecho de las mujeres a acceder a puestos de dirección, que en el pasado eran comúnmente exclusivos para los hombres, explicó Escobedo Salazar.

“Lamentablemente, esto es un recordatorio de que las leyes fueron originalmente diseñadas para fortalecer un esquema tradicionalista, cuando el rol de proveedor “recaía” exclusivamente en el hombre y las labores domésticas en la mujer; en donde si esta accedía al servicio público, no se visualizaba que pudiera ocupar puestos de gran relevancia y, por ende, se menospreciaban sus prestaciones laborales y condicionaban los servicios dirigidos a sus dependientes económicos”, acotó.

De tal forma, propuso eliminar el otorgamiento condicionado al esposo o al concubinario de recibir asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

Asimismo, planteó plasmar textualmente, en el artículo 102, al concubinario como dependiente económico de la trabajadora al servicio público o en jubilación; y como consecuencia lógica, modificar los artículos 103 y 69, los cuales hacen referencia a la acreditación de la dependencia económica, y las condicionantes para la conclusión del disfrute de pensión, respectivamente.

“Con esta iniciativa se busca eliminar las desigualdades de género que persisten en nuestra legislación, otorgando los mismos derechos a las servidoras públicas, garantizando así certeza jurídica y pleno acceso de los servicios sociales a sus dependientes económicos varones, pues a mismo trabajo, mismas prestaciones laborales”, finalizó.

Javier Escalante Rosado