Iniciativa de ley no garantiza manejo integral de acuíferos; mantiene concesiones particulares
Mérida, Yucatán, 27 de noviembre de 2020.- Representantes de organizaciones civiles advirtieron que la propuesta para modificar la Ley General de Aguas Nacionales no garantiza el derecho al agua y, en el caso de Yucatán pone en riesgo los sistemas kársticos y las aguas subterráneas.
En Yucatán, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua, hay alrededor de 800 títulos de concesión de aguas nacionales subterráneas.
Estos títulos están relacionados con actividades con el medio rural y requieren del recurso hídrico, especialmente, para el riego de sus cultivos o hatos ganaderos, para actividades comerciales, industriales o de servicios y en menor medida para uso doméstico y público urbano de los municipios.
Sin embargo, Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dijo en rueda de prensa virtual, que la iniciativa no visibiliza el manejo integral de los ecosistemas y mantiene el actual sistema de concesiones a particulares.
“Nos preocupa los sistemas hídricos de la península de Yucatán, pues de mantenerse esta ley sin cambios sustanciales, la contaminación y la destrucción del acuífero continuará, sobre todo por las granjas porcícolas”, alertó.
Explicó que esa nueva legislación que se pretende imponer en la Cámara de Diputados se opone a la propuesta que garantiza la sustentabilidad en un contexto pluricultural en lo étnico y social.
“Apostar a mantener la actual Ley de Aguas Nacionales es dar continuidad un modelo que ha demostrado ser insostenible y violador de los derechos humanos”, recalcó Martínez Esponda
Por su parte, Maira Olivo Paz, del Centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto, indicó que la propuesta legislativa está orientada a un uso utilitario y privado del recurso sin garantías para los pueblos originarios, en cuyos territorios se encuentra la mayor parte de las cuencas, además de que actualmente hay 78 mil concesiones de aguas nacionales, que fueron otorgadas sin consultar a las comunidades.
Jorge Euán