Miguel Ángel Yunes Linares recibe una entidad endeudada, marcada por escándalos de corrupción e impunidad, a lo que se suman secuestros y feminicidios.
Xalapa, Ver., 1 de diciembre de 2016.– El cambio en Veracruz es histórico, y no sólo porque se rompen más de 90 años de poder hegemónico priista, con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares. También porque éste recibe un estado marcado por la corrupción, que derivó en saqueo e impunidad en el sector público; y un alto índice criminal, que incluye secuestros, homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos.
Recibe a una población lastimada e incrédula, luego de la “docena trágica”, como los opositores han llamado a los sexenios priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte.
El desvío de recursos públicos estatales y federales, evidenciados ante el descubrimiento de fraudes de la administración encabezada por Javier Duarte, dejan una deuda pública que para muchos rebasa los 90 mil millones de pesos. Parte de esa deuda es con proveedores de bienes y servicios contratados, así como constructoras que invirtieron recursos aún no pagados. La denominada deuda de corto plazo asciende a más de 46 mil millones de pesos.
El débito con bancos es de poco más de 43 mil millones, y al año deben ser pagados dos mil 500 millones de pesos sólo de intereses. El recurso debía ser pagado este mes, pero en las arcas —lo reconoció el hoy exgobernador interino Flavino Ríos— no hay recursos.
Duarte, hoy prófugo de la justicia, no sólo desvió recursos del presupuesto anual, que incluía ingresos propios y participaciones federales, sino los etiquetados para programas sociales, becas, el subsidio para la universidad pública y los recursos destinados a los ayuntamientos.
En oficinas públicas hay un déficit financiero derivado del alto número de burócratas porque muchos de ellos tienen doble plaza, como en la Secretaría de Educación, donde se detectaron “aviadores”.
Las organizaciones campesinas no recibieron apoyos en proyectos productivos; los ingenios están en quiebra; las organizaciones indígenas reclaman falta de atención y apoyo. Sobresalen los fraudes en infraestructura, donde hay una larga fila de empresas que no han cobrado miles de millones de pesos en obras, las cuales aún se deben verificar.
Los adeudos con la Universidad Veracruzana, víctima también del desastre financiero, sumado a la promesa de mejoras en el presupuesto no se cumplirán el año próximo, por el recorte federal anunciado a los subsidios de las universidades públicas.
En el tema de justicia y seguridad, el problema se agrava por el alto número de desapariciones, el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de restos humanos sin identificar y la constante denuncia de que hijos, padres, primos, hermanos, tíos fueron desaparecidos por uniformados.
La lucha entre grupos delictivos y la “limpia” de integrantes entre unos y otros bandos ha dejado una estela de sangre de norte a sur, sin contar la creciente violencia hacia las mujeres.
Yunes tendrá que enfrentar lo anterior, y más, en sólo dos años, una verdadera prueba de fuego. (Excélsior)