Yucatán aún no regula el “uso de la fuerza”

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Se requiere certeza jurídica para policías y crear protocolos de actuación: René Ramírez

Mérida, Yucatán, 17 de agosto de 2020.– Yucatán es una de las tres entidades del país, junto con Tamaulipas y Jalisco, que aún tiene como pendiente legislar el uso de la fuerza en las corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, a pesar de la alta incidencia de este fenómeno, reveló el asesor legislativo, abogado y profesor universitario, René Ramírez Benítez.

Como se recordará, en los últimos meses un promedio de tres personas han fallecido luego de haber sido detenidas por elementos policiacos municipales y/o estatales. Por un lado, los familiares acusaron –en la mayoría de los casos– de violencia y agresiones físicas, y por otro, las autoridades negaron lo ocurrido y aseguraron que las muertes fueron naturales.

En ese contexto, Ramírez Benítez, explicó a Desde el Balcón, que el pasado 10 agosto, el diputado local del PAN, Manuel Díaz Suárez, presentó en el Congreso del Estado una propuesta en materia del uso de la fuerza y destacó varios puntos de la iniciativa.

El académico detalló que la iniciativa va más allá de introducir el término en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y establece los parámetros de aplicación, mecanismos de reacción y protocolos de actuación para una detención.

René Ramírez Benítez, asesor legislativo, abogado y profesor universitario. (Foto: Cortesía).

“También se re-configura el modelo de capacitación y entrenamiento policiaco para que sea obligatoriamente con perspectiva de derechos humanos”, destacó.

Asimismo dijo que la iniciativa presentada por el legislador, plantea la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica a los elementos de seguridad pública, ya que en la entidad existen 428 delitos por cada 100 elementos.

“Esto números nos hablan de la urgencia con la que debemos darle a los uniformados encargados de la seguridad pública en Yucatán, una mayor certeza jurídica para el desarrollo de sus funciones”, advirtió.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Detalló que básicamente, la iniciativa prevé la creación de protocolos para la aplicación del uso de la fuerza, los cuales deben estar en concordancia con la Ley Estatal, Nacional, la Constitución y los diversos tratados internacionales de derechos humanos en la materia.

Entre ellos sobresalen, la Actuación con Perspectiva de Género; Niñas, Niños y Adolescentes y Uso de la Fuerza.

“La iniciativa prevé la armonización legislativa para el Registro Nacional de Detenciones, y de esa manera podamos tener una mayor transparencia y respeto a los derechos humanos de las personas detenidas”, añadió.

Por último, comentó que la iniciativa tiene diversas bondades y cumple con varios acuerdos internacionales, como la armonía con la Ley Nacional; los artículo 19 y 21 constitucional; el artículo 7mo del Pacto de San José; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos del Abuso de Poder de la ONU; y las Recomendaciones Generales tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).

Javier Escalante Rosado