Yucatán le responde a la federación por transgénicos

Vendrán las comparecencias y presentación de pruebas, con la intención de que el estado siga siendo libre de esos cultivos 

Mérida, Yucatán, 21 de febrero de 2017.- Ayer lunes, el Gobierno de Yucatán presentó su respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la impugnación de la Federación con respecto al Decreto 418, con la intención de mantener a la entidad como zona libre de cultivos transgénicos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, quien explicó que los siguientes pasos a seguir son las comparecencias y presentación de pruebas en los tribunales.

Como se sabe, la federación presentó una controversia constitucional hace unos meses para echar atrás ese decreto, argumentando que, de acuerdo a la Ley de Bioseguridad, sólo el gobierno federal puede autorizar la siembra de productos genéticamente modificados.

Al respecto, Batllori indicó que la premisa de su contestación se basó en que existen materias que son concurrentes en donde el Ejecutivo puede participar y decidir, como el medio ambiente, la restauración ambiental, y la conservación del equilibrio ecológico.

“No estamos tocando el objeto de la Ley de Bioseguridad, sobre autorización, regulación o liberación de transgénicos en fase experimental, piloto, comercial, exportación, importación o comercialización… estamos abordando otros temas, como el medio ambiente, el impacto ambiental, la contaminación, la afectación a la biodiversidad… en esos sí podemos actuar como gobierno”, explicó.

El secretario recalcó que la respuesta presentada ayer a la SCJN tiene que ver con evitar que la miel de abeja se contamine con agroquímicos, la pérdida de biodiversidad por el uso de glifosato, el daño al manto freático, y la destrucción de selva durante la actividad de alto riesgo en la producción de transgénicos.

Explicó que no están en contra de los productos genéticamente modificados, más bien, sostuvo,  sus cultivos generan problemas ambientales, lo que también significa una violación a los derechos humanos de los mayas.

“En materia de derechos humanos no hay jerarquías, y como gobierno del Estado estamos tomando responsabilidades en favor de las  comunidades indígenas”, aclaró al justificar el Decreto 418.

Con respecto a la respuesta presentada, dijo que el Tribunal se lo pasará a la federación, que tendrá la posibilidad de incrementar sus alegatos de la impugnación. Posteriormente se pondrá fecha para las audiencias  y presentación de pruebas. El propio Batllori acudiría para defender sus argumentos ante la SCJN. (Herbeth Escalante)