El titular de la Seduma, Eduardo Batllori, dijo que el proceso en la SCJN podría servir para modificar la Ley de Bioseguridad
Mérida, Yucatán, 27 de diciembre de 2016.- El Gobierno de Yucatán está listo para contestar con argumentos sólidos la impugnación de la Presidencia de la República, que va en contra del Decreto que convirtió a la entidad como zona libre de transgénicos, y además, se percibe una buena oportunidad para que la Ley de Bioseguridad sobre ese tema sea modificada, declaró Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
“Estamos preparados para recibir esta demanda mediante argumentos sólidos”, señaló el secretario, al indicar que se establecerán precedentes para defender la posición estatal, en el que se determinó a la entidad como zona libre de cultivos genéticamente modificados, ya que su presencia puede provocar daños a la salud de los pobladores y a la apicultura.
“Sabemos que el gobierno federal lo tenía que hacer (impugnar), nosotros sentamos un precedente y vamos a defender la posición estatal”, reiteró al opinar sobre el intento del Gobierno de la República de echar atrás el Decreto 418, que se publicó en octubre pasado.
El funcionario dijo que no sólo están preparados para responder a la Controversia Constitucional que presentó la Consejería Jurídica federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que incluso les parece una buena oportunidad para que se revise la Ley Federal de Bioseguridad, en el sentido de que los estados puedan tomar decisiones en cuanto a su territorio en contra de los transgénicos.
Asimismo, subrayó que esta ley actualmente no permite que los estados se “expresen” en materia de Bioseguridad, teniendo que acatar disposiciones federales, por lo que al llevarse a cabo el proceso jurídico en la SCJN, Yucatán podría lograr que se revise la norma oficial.
Recordó que el mandatario de Yucatán, Rolando Zapata Bello, firmó junto con los gobernadores de Campeche y Quintana Roo en la pasada Reunión de la Conferencia de las Partes (Cob 13) el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) para empujar una Península libre de Transgénicos, por lo que no pretenden perder ese camino.
Sobre estar en contra o no de la intención de la Presidencia de bloquear el decreto anti-transgénicos en el estado, Batllori Sampedro explicó que era una decisión “lógica” que tenía que tomar el Ejecutivo Federal, debido a que la facultad para decretar zonas libres de transgénicos corresponde a la Federación de acuerdo a la Ley de Bioseguridad, a través de la Sagarpa.
El punto aquí – reiteró – es que el Estado de Yucatán siente un precedente, toma una postura, por los daños, impactos y los riesgos inaceptables que presenta el cultivo de organismos genéticamente modificados.
Entre los argumentos que Batllori Sampedro adelantó que serían presentados en la SCJN destacan: la inexistencia de protocolos que establezcan cómo proceder cuando semillas transgénicas se dispersen por presencia de huracanes, ya que ésto no sólo contaminaría los productos locales, sino además puede repercutir en demandas por los dueños de estos granos, ya que los transgénicos tienen patente.
Además, que los agroquímicos que se usan en este tipo de cultivos pueden contaminar al manto acuífero de la entidad y provocar daños a la salud humana y el ecosistema.
El secretario también explicó la incompatibilidad entre la producción de soya transgénica y la contaminación a la miel, situación que afectaría esta actividad ancestral, que genera una derrama económica muy amplia entre la población milpera de Yucatán.
Batllori ejemplificó que la producción de soya transgénica en los rendimientos no es mejor que la productividad que ofrece la semilla huasteca, por lo que no representa un beneficio.
“Ante toda esta situación es que el Estado de Yucatán toma la decisión de sentar este precedente, sacar este decreto e impulsar los cultivos orgánicos y las prácticas agroecológicas, agropastoriles y agroforestales en toda la entidad”, recalcó.
Y ante la controversia, para finalizar, el titular de la Seduma recordó que el decreto anti-transgénicos no limita las importaciones, seguirá habiendo entrada para las actividades agropecuarias avícolas, y que la producción de alimentos están garantizadas.
“No habrá quien detenga barcos en el Puerto de Progreso, eso es una mentira, una desinformación que se ha generado al respecto”, aclaró para contestar uno de los argumentos del gobierno federal. (Edoardo Manzanilla)