Más de 57 mil policías del país no acreditaron o tienen pendientes los exámenes de Control de Confianza.
Ciudad de México, Mex., 7 de noviembre de 2016.– Más de 57 mil policías municipales y estatales de las 32 entidades del país continúan laborando en sus puestos de trabajo a pesar de que no acreditaron o tienen pendiente la renovación de los exámenes de Control de Confianza que exige la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder laborar en una corporación de seguridad.
Hasta el 31 de agosto, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 253 mil 351 elementos acudieron a los Centros Nacionales de evaluación. De ellos, 24 mil 233 no los aprobaron, mientras que 33 mil 710 se encuentran a la espera de que les sea asignada la fecha de renovación.
La información que entregan las secretarías de las 32 entidades al SESNSP refiere que entre los policías que no han aprobado las evaluaciones se encuentran mil 982 mandos en ambas situaciones.
El estado de Jalisco, con cinco mil dos elementos que no acreditaron o tienen pendiente una nueva evaluación, es la entidad con más casos. Le sigue el Estado de México (cuatro mil 727); Guerrero (cuatro mil 392); Ciudad de México (cuatro mil 48); Michoacán (tres mil 500); y Sinaloa (tres mil 414).
En enero de 2009 se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establece como requisito las evaluaciones de Control de Confianza para laborar en una institución de seguridad o procuración de justicia del país.
El Capítulo II, artículo 96, en el que se estable la Carrera Policial y la Profesionalización, menciona que la certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Según la Ley, las evaluaciones buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo; y que el elemento cumpla con la edad.
También, establecer un perfil físico, médico y de personalidad que les permita laborar; que sus percepciones económicas correspondan a la calidad de vida que llevan; que no consuman drogas y no tengan vínculos con el crimen organizado, y no haber sido condenado por delitos dolosos o estar bajo proceso.
En caso de no cumplir con los exámenes, el Título Quinto de la Ley, en el que se establece el Desarrollo Policial, refiere que “los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización”.
A pesar de ello, 57 mil 943 elementos (mandos y operativos) que no aprobaron o están a la espera de la renovación, continúan laborando en sus puestos de trabajo. Algunas entidades, han argumentado que no cuentan con los recursos suficientes para finiquitar a los policías o que no tienen el personal adecuado para sustituirlos.
Especialistas en cuerpos de Seguridad Pública mencionaron que es una obligación de los estados separar a los elementos que no aprobaron o que no han sido reevaluados, porque están violando la ley.
Comentaron que el problema de la inseguridad que existe en el país se origina por la mala calidad de algunos elementos, por lo que los gobiernos no tienen pretextos para no finiquitarlos y contratar a más policías.
“Si juntas a los elementos que no aprobaron y a los que no tienen actualizado su examen son muchos más de los que reporta la Federación. Considero que en este sexenio los gobernadores están simulando, porque no hay una exigencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para obligar a las autoridades a cumplir con la certificación. La falta de cumplimiento se presenta a pesar de que la ley establece que es una obligación, porque no es que quieran, es lo que establece la ley”, dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
“Es un tema que el expresidente Felipe Calderón no consideró en la ley. Calderón no pensó en los despidos y en los problemas que tendrían los cuerpos de seguridad al momento de separar a los elementos por no aprobar las evaluaciones, por lo que es tema que hay que atender, se tiene que hacer una reforma o la Federación debe de asignar recursos extraordinarios para solucionar el problema. Hay gente que ha dedicado su vida al servicio público de la seguridad. Algunos de ellos ya no son necesarios por su edad o porque no aprueban las evaluaciones, por lo que deben de ser separados de sus cargos”, consideró Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
“La falta de cumplimiento claro que afecta a la seguridad del país, porque al no aprobar o no presentar las evaluaciones, las autoridades y los policías violan la ley. Esto perjudica más a los elementos que si lo aprobaron, porque los hacen trabajar con policías de mala calidad. Claro que hay solución, la ley dice que los tienes que quitar. En lugar que se gasten los recursos de seguridad en cosas que no corresponde, las autoridades deben pagar y finiquitar a los policías conforme a lo que marca la ley. Claro que sí se puede atender la problemática, lo que pasa es que no quieren. Necesitamos que se hagan reformas para que se cumpla con lo que estable la ley. La policía sólo va a cambiar cuando el Estado invierta en sus cuerpos de seguridad”, explicó Morera. (Excélsior)