Lizbeth Basto desconoce si le han imputado cargos a ex funcionarios estatales.
Mérida, Yucatán, 8 de julio de 2019.- A seis meses de que la Contraloría General del Estado interpusiera 31 denuncias contra funcionarios de la pasada administración por presuntas irregularidades financieras, aún no se cuenta con un informe de cómo han avanzado las investigaciones o si ya existen cargos contra algún ex servidor público.
Lizbeth Basto Avilés, contralora general, precisó que al momento la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –entidad encargada de este proceso- ha llevado a cabo las diligencias necesarias para la revisión y aseguramiento de archivos, certificación de documentos e incluso de programas de los servidores dentro de cada dependencia.
Desestimó creer que exista un cero por ciento de avance en las investigaciones, toda vez que dijo, es un proceso lento.
“Hemos estado trabajando de manera coordinada. La Vicefiscalía nos ha solicitado información y en eso les hemos apoyando. Recordemos que ellos son los responsables de llevar a cabo la integración de las expedientes, nosotros solo somos la parte denunciante”, puntualizó.
Fue en enero de este año cuando la Contraloría General del Estado dio a conocer que se interpondrían 31 denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoria Superior del Estado, por presuntas irregularidades financieras en la administración 2012- 2018.
En su momento se informó que tras la revisión de un total de 2 mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción se detectaron anomalías en las Secretarías de Salud, Educación y Administración y Finanzas.
Al respecto, Basto Avilés precisó que de las 31 denuncias, 25 fueron presentadas por los responsables de cada organismo estatal, principalmente por faltantes de bienes muebles; mientras tanto la Contraloría presentó las 6 restantes que, según explicó, “implicaban un poco más de cuestiones encontradas en el proceso de entrega- recepción”.
Añadió que luego de esto, se presentó una adición derivada de una auditoría federal en el área de Desarrollo Rural y aclaró que en caso de que en un futuro encuentren algún hecho que amerite una denuncia, no dudará en interponerla.
Por otra parte, señaló que sería entre septiembre y octubre de este año cuando se entreguen los resultados de los Dictámenes Financieros de los organismos Paraestatales y Descentralizados, que por ley están obligados a cumplir mediante un contador público externo.
Recordó que será en esas fechas cuando se realice la “Tercera Sesión del Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales”, que es donde se presentan estos dictámenes y en caso de no existir alguna duda o irregularidad, son aprobados los estados financieros del ejercicio anterior.
En caso contrario, es notificada la Junta de Gobierno de cada paraestatal para que se realice el proceso correspondiente.
Karen Clemente.