Colectivos insisten que se pone en riesgo el medio ambiente de la zona
Mérida, Yucatán, 18 de febrero de 2020.– Los litigios en contra del Tren Maya no terminan. Organismos civiles informaron que el Juzgado Cuarto de Distrito concedió tres nuevas suspensiones, que ordenan detener los trabajos en el tramo tres (Calkiní-Izamal) en Yucatán por posibles afectaciones ambientales.
Los recursos legales, fueron presentados por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, el Colectivo Chuun t’aan Maya y Grupo Indignación, quienes argumentaron que los pobladores no tuvieron acceso al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), y por ende se violentó el derecho a la información, pues la comunidad no pudo acceder a los estudios que sustentan la construcción del mega proyecto.
Valiana Aguilar, de la Asamblea Múuch Xíinbal, explicó que estos recursos fueron presentados con el aval de más de 30 pueblos, pues consideran que la obra pone en riesgo su vida.
“Esta obra no impactará negativamente, no solo en el tema ambiental, sino que además causará división en las localidades, inseguridad y un turismo desmedido”, advirtió.
Esta suspensión temporal, se suma a las otras realizadas a finales del año pasado en varias comunidades de Campeche y Chiapas.
“Se ordena la detención de los trabajos de construcción que impliquen de forestación o puesta en riesgo de especies de animales actoctonas del territorio del Estado”, hasta en tanto no se defina sobre la suspensión definitiva, dice dicho documento.
Como se han publicado, los tres juicios de amparo, se presentaron el 20 de enero pasado, y unas semanas después, la autoridad judicial ordenó que se detengan las obras relativas al tramo tres.
Estos amparos, indicaron, muestran que el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio y su integridad cultural.
El representante jurídico de Grupo Indignación y asesor de los pueblos mayas, Orvelín Montiel, declaró que durante la planificación de la obra, no pudieron acceder a los estudios de la MIA, por lo que desconocen los impactos negativos que podría acarrear al medio ambiente.
Cabe señalar, que de nueva cuenta, lamentaron la postura del Gobierno Federal, que según ellos, más allá de demostrar la razón por la vía jurídica, lo hacen a través de declaraciones o por la vía política.
Javier Escalante Rosado