Activistas exigen se sancione la “operación mochila” en Chichimilá

Indicaron que ningún operativo relacionado con drogas pueda ser justificación para violar los derechos humanos de los jóvenes estudiantes

Mérida, Yucatán, 23 de abril de 2016.- La asociación de activistas Indignación exigió a las autoridades investigar, sancionar y aclarar los hechos ocurridos en una escuela secundaria de Chichimilá, en donde se habrían violado derechos humanos de estudiantes durante un “operativo mochila”.

“Según fue difundido, miembros policiales habrían revisado, desnudado, humillado e incluso intimidado a alumnos con tal de revisar si alguno de ellos portada sustancias ilícitas. Externamos nuestra profunda preocupación y exigimos a las autoridades investigar, sancionar y aclarar los hechos”, se lee en un comunicado.

Indicaron que ningún operativo con el objetivo de investigar y sancionar delitos relacionados con drogas pueda ser justificación para violar los derechos a la presunción de inocencia y a la integridad personal.

“La Constitución Federal reconoce el derecho de toda persona a no ser molestado en su persona y en sus posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Que el operativo haya sido realizado por petición, permiso o aquiescencia de los padres no justifica que se viole el derecho de inocencia, realizando una fuerte injerencia no sólo en las posesiones personales de alumnos, sino en sus propios cuerpos”, sostuvo Indignación.

Precisaron que tienen reportes de que estudiantes fueron obligados a desnudarse, hacer sentadillas y otras acciones invasivas y humillantes. Se informa, además, que miembros de la policía habrían amenazado a los que se negaron a quitarse la ropa bajo la amenaza de “ponerlos con los que tienen drogas”.

Tanto la Constitución Federal como la Convención sobre derechos del niño y otros tratados internacionales, prohíben el trato inhumano y degradante. Estos actos son mucho más graves cuando son infligidos a los menores de edad, debido a la especial protección que deben recibir por parte de la sociedad y las autoridades.

“De comprobarse los hechos, implicarían un caso de suma gravedad y que pondría en evidencia la indolencia y la naturalización con la que autoridades municipales y estatales ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes a la hora de ejercer sus funciones”, recalcaron en el comunicado. (Foto de Archivo)