Afirma el Sistema Estatal Anticorrupción que hay que involucrar a los ediles a la lucha
Mérida, Yucatán, 16 de octubre de 2019.- La presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), Graciela Torres Garma, afirmó que buscarán los mecanismos adecuados para involucrar a los municipios en la batalla contra este flagelo, a la par de que promoverán la lucha “que es de todos”.
Señaló que en próximos días realizarán foros en varios municipios para recabar datos para el Plan Estatal Anticorrupción y ahí aprovecharán para mostrarse y entrevistarse con alcaldes, los cuales hasta el momento se muestran renuentes a establecer mecanismos anticorrupción más allá de las obligatorias unidades de transparencia.
Torres Garma señaló que han firmado 18 convenios de trabajo con instituciones, en su mayoría educativas, pero muy pocas (o ninguna) con Ayuntamientos.
“No se trata de firmar convenios por firmarlos. Hay que realizar acciones, hay que aterrizar la información e involucrar a los presidentes municipales en la lucha anticorrupción”.
Respecto a la queja que recibieron por presuntos malos manejos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), señaló que apenas ayer le dieron cause y que están en la fase de armado del expediente con el fin de llamar a cuentas a quien resulte señalado.
“Hay que recordar que no somos la Vicefiscalía Especializada y que nosotros buscaremos esclarecer el hecho pero con apego a las pruebas que los denunciantes van aportando. Si resultara algún funcionario responsable, se lo haríamos saber a la instancia correspondiente para que castigue, ya que nosotros (el SEAY) no podemos castigar”, dijo.
Este martes, un ciudadano de nombre Daniel Dueñas Escalante presentó una queja ante la SEAY por el mal manejo que se hizo del PREP en las pasadas elecciones en Yucatán, pues la empresa contratada no dio un buen servicio y se tuvo que contratar a un tercero para arreglar fallas que estaban dentro de lo contratado, significando esto un gasto extra y un presunto acto de corrupción.
Torres Garma señaló que este proceso puede llevar hasta 6 meses, en los cuales buscarán que haya algún tipo de arreglo entre la parte denunciante y el acusado, a fin de abonar a los trabajos de la SEAY.
Jorge Eduardo Herrera Correa