Señalan que hay irregularidades por más de 62 millones de pesos en el cobro de tarifas en 8 poblados al interior del Estado
Mérida, Yuc., 17 de agosto de 2018.– Un estudio realizado por la empresa SISER (Sistemas y Servicios de Alumbrado Público S.A. de C.V.) arrojó resultados contundentes relacionados con cobros excesivos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en consumos de energia eléctrica, problema que afecta a ocho municipios de Yucatán y donde los respectivos alcaldes ya han levantado la voz para exigir tarifas justas.
Los presidentes municipales de Kanasín, Tizimín, Yaxkukul, Ticul, Telchac Pueblo, Abalá, Mocochá y Acanceh, preocupados por la situación que priva sobre los cobros tan altos que mes a mes a cobra la CFE, por concepto de alumbrado público; contrataron los servicios de una empresa especializada en la materia, localizada en la Ciudad de México, dedicada a la realización de diagnósticos técnicos, administrativos y financieros en alumbrado público.
Dicha empresa, que no se dedica a la venta de luminarias, ha realizado a la fecha más de 480 diagnósticos a municipios a lo largo y ancho del territorio nacional.
El estudio realizado a los municipios yucatecos fue del 22 de febrero al 23 de julio pasado y arrojó irregularidades por un monto superior a los $62 millones de pesos.
De acuerdo a la información de la compañía, la diferencia se integra por diferencias en facturación por $28 millones y por otra parte no entregó completo los recursos del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que mensualmente le entrega el pueblo y los diversos sectores productivos para el pago de los recibos de alumbrado público por un monto de $34 millones.
Los alcaldes solicitaron audiencia desde el mes de junio pasado ante la máxima autoridad de la División Peninsular de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, Humberto Saldaña, quien no quiso recibirlos y los canalizó con Matías Bermúdez Guerra, Gerente Divisional de Suministro Básico, quien inicialmente les advirtió que no regresaría el monto de la diferencias y una vez que los asesores de la empresa y alcaldes explicaron e hicieron entender la veracidad de las cifras, entonces se comprometió a darle solución en un plazo máximo de dos semanas, validando las cifras presentadas por los Municipios en cada una de las Superintendencias correspondientes.
Bermúdez instruyó a los superintendentes a que atendieran de inmediato a los alcaldes, comprometiéndose muy formalmente éstos sin haber cumplido a cabalidad, ya que salieron de vacaciones tanto superintendentes como el propio Bermúdez. Por esta razón los ocho alcaldes afectados señalaron que la Comisión que presume ser de clase mundial “está robando al pueblo, a las empresas y demás contribuyentes del Derecho de Alumbrado Público, dado que está realizando cobros indebidos no justificados y no ha entregado el total de los recursos que por concepto de DAP el pueblo le ha confiado”.
Pidieron la intervención de la dirección general de la CFE a fin de que les sean reintegrados a la mayor brevedad posible los importes que la División Peninsular «les ha robado» y que suman más de $62 millones y exigen también apliquen las sanciones correspondientes a estos servidores públicos, incluyendo al área comercial y de facturación, por la poca seriedad e irresponsabilidad con que han atendido esta situación que únicamente ha lesionado los intereses económicos de la ciudadanía.