Aseguran aves extraídas ilegalmente de su hábitat

Pretendían vender los ejemplares sin tener la documentación que acreditara su legal procedencia.

Mérida, Yuc. 20 de octubre de 2014.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Delegación Yucatán, aseguró 8 ejemplares de aves canoras y de ornato, que habían sido extraídas ilegalmente de su hábitat y que estaban siendo ofertadas para su venta en la ciudad de Mérida.

Los ejemplares fueron asegurados luego de recibir una denuncia ciudadana y debido a la falta de documentación que avalara su legal procedencia

Se trata de 1 Cardenal (Cardinalis cardinalis), 2 Dominicos (Sporophila torqueola), 2 Semilleritos (Tiaris olivacea), 1 Chichinbacal (Carduelis psaltria), 1 Degollado o picogordo (Pheucticus ludovicianus) y 1 loro Frente blanca (Amazana albifrons).

Los animales fueron entregados para su cuidado y conservación temporal al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) ubicado en el municipio de San Bartolomé Tekax, Yucatán.

El loro de Frente blanca (Amazana albifrons) se encuentra dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr).

Cabe señalar que La Ley General de Vida Silvestre establece que realizar actividades de aprovechamiento  de la vida silvestre sin autorización correspondiente y poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia, se sancionará con el equivalente de 50 a 50 mil veces de salario mínimo, así como con el decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre y de los instrumentos directamente relacionados con infracciones a la precitada Ley.

Asimismo, el Código Penal Federal en su artículo 420 fracción IV, señala que quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte o acopie algún ejemplar de una especie de flora o fauna silvestre que sea considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción o sujeta bajo protección especial, se le impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil  días multa.