Exige el diputado Gaspar Quintal Parra.
Mérida, 8 de enero de 2022.- Al iniciar la comparecencia de funcionarios para analizar la Glosa del III Informe del gobierno estatal, el coordinador de diputados del PRI, Gaspar Quintal Parra, solicitó información y claridad sobre el destino que se ha dado a los ahorros del Plan de Austeridad; resultados concretos en la aplicación de créditos autorizados para el programa Yucatán seguro; qué ha hecho la Fiscalía sobre recomendaciones y quejas por violaciones a derechos humanos, así como conocer el avance de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.
El primer bloque de comparecencias de este día correspondió al tema de Gobierno, Seguridad y Estado de Derecho, en el que participaron los titulares de las secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra; de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, así como de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel León León.
A Fritz Sierra, el diputado Quintal Parra, planteó que los indicadores contenidos en el texto del informe, no señalan el avance de las metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y de igual forma, los indicadores numéricos no permiten conocer el porcentaje o cobertura de la población atendida y la que falta por atender en los distintos programas de gobierno, o bien conocer de manera puntual en donde se encuentran ubicados geográficamente estos beneficiarios.
En este sentido –continuó–, ¿cuál es el porcentaje de avance en las metas planteadas en el plan estatal de desarrollo 2018-2024, qué evaluaciones se han realizado y cuál es el resultado de la evaluación del impacto de los programas gubernamentales en la población?
De igual forma solicitó a la funcionaria que explique en qué han consistido las recomendaciones de mejora y sobre que programas públicos se han aplicado.
Más adelante, al Fiscal General, Juan Manuel León, el legislador del PRI hizo notar que el pasado 7 de enero la CNDH emitió la recomendación 50 vg/2022 sobre las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza y como consecuencia la privación de la vida de presunta víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y el municipio de Mérida por hechos que se cometieron durante el año 2021.
Después, tocó el turno a Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas, a quien le pidió que aclare el destino de lo ahorrado por el Plan de Austeridad, cuyo monto reportado es de 6 mil 843 millones de pesos entre enero del 2019 a noviembre del 2021.
Finalmente, al comandante Saidén Ojeda, el coordinador de la bancada del PRI pidió que detallara los resultados en seguridad pública y refirió la autorización del Congreso para contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas cuyo objetivo será la implementación del Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”.