Denuncian que el INCAY pagó a un peso el metro para construir una carretera
Mérida, Yucatán, 22 de mayo de 2017.- Campesinos de Hoctún denunciaron que su propio comisario ejidal, de nombre Arturo Misael Torres Espadas, les robó más de 70 mil pesos que el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) pagó –a un peso el metro- para construir una vía en sus terrenos.
En rueda de prensa en el parque “Eulogio Rosado”, los ejidatarios inconformes lamentaron que hasta el momento la Procuraduría Agraria les ha dado largas para resolver este problema, pues ni siquiera les han permitido firmar su demanda en contra del comisario.
Uno de los afectados, Juan Regino Casanova Ihuit, declaró que el INCAY llegó a un acuerdo con Torres Espadas para comprarle 70 mil 869 metros para levantar una carretera que conecte a Hoctún con Cacalchén, pero nunca se “enteraron” de una asamblea ejidal para avalar esa transacción.
“Y lo peor es que el INCAY compró los terrenos a un peso el metro, hasta una bolsa de sunchos cuesta más de un peso”, criticó el ejidatario, quien lamentó que esa dependencia estatal junto con el comisario ejidal se hayan burlado de los pobladores.
Hasta el momento, indicaron, el delegado de la Procuraduría Agraria, Omar Corzo Olán, no ha hecho nada para resolver la situación “pues pareciera que quiere que nos cansemos, pero no lo haremos hasta que haya justicia”.
Señalaron que según las actas de la asamblea irregular, que se realizó el 27 de marzo pasado, el INCAY pagó más de 70 mil pesos a Torres Espadas por esos terrenos, pero éste se quedó con el dinero, afectando a mil 146 ejidatario.
“Ya basta de que no estén robando las tierras, queremos justicia”, insistió Casanova Ihuit, quien aseguró que la dependencia, que dirige Javier Osante Solís, se coludió con el comisario ejidal.
Por su parte, el asesor jurídico de los campesinos, Jorge Sánchez Reyes, señaló que tanto en Hoctún como en otros municipios yucatecos hace falta mayor transparencia en la venta de tierras, pues en muchas ocasiones estas transacciones se realizan sin consultar a los ejidatarios, “lucran con su pobreza e ignorancia sobre los procesos legales”.
“Hay muchos casos de que levantan actas sin quórum. El gobierno ha dejado de invertir en el campo, por lo que ya no es redituable para los campesinos, quienes dejan de trabajarlo. Por eso deciden vender sus tierras, lo que genera que los comisarios ejidales, alcaldes y funcionarios se coluden con empresas para comprarlos a precios bajos”, indicó. (Herbeth Escalante)