El aborto no es una cuestión de ideología, moral y mucho menos religiosa, sino un problema de salud pública y de derechos humanos.
Mérida, 8 de marzo de 2019.- El aborto no es una cuestión de ideología, moral y mucho menos religiosa, «sino un problema de salud pública y de derechos humanos, de reconocer el derecho que las mujeres tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo, y las mujeres que son más criminalizadas son las más pobres», expresó Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse).
Esto, dijo, porque no hay una igualdad de acceso a los servicios, ni siquiera por las causales que están consideradas en el código penal, y que les da esa posibilidad a las mujeres de acceder a servicios públicos seguros y de calidad.
“Hay obstáculos, hay negativas, y además es una imposición cultural, de la maternidad hacia las mujeres”, dijo.
Recordó la frase de que la maternidad debe ser deseada, y por lo tanto, las mujeres requieren tener información y educación integral de la sexualidad que les permita decidir, “Esto tiene que ver más que si es o no el aborto, sino con políticas públicas que atienda la salud sexual y reproductiva de todas las personas, pero en particular de las mujeres, que tengan educación, información y acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos”, mencionó.
Asimismo señaló que se debe tener acceso, en los casos de delitos sexuales, a la atención integral.
“En caso que se de, es necesario tener el acceso a la interrupción del embarazo como se señala en el marco normativo, entonces no es solo si se modifica o no, sino que tiene que ver con toda una política pública que abarque la vida sexual y reproductiva de las mujeres”, recalcó.
De igual forma, Ojeda Sosa mencionó que en Yucatán no hay cifras de estos casos, ya que no hay registro, “porque cuando no queremos ver un problema lo que se hace es invisibilizarlo, y mientras no nos atrevamos a ver la problemática no se pueden implementar estrategias adecuadas para atenderlo”.
Indicó que hay muchos casos de niñas y adolescentes que quedan embarazadas por una violación, y no tiene acceso a la interrupción por desconocimiento y lo peor por negativa u obstaculización de quienes deben prestar el servicio, y por lo tanto se les impone una materialidad derivada de un hecho delictivo y que impacta de manera negativa en sus vidas. (Verónica Camacho).