Ejidatarios de Motul, Cansahcab, Sinanché y Suma de Hidalgo señalaron que los terrenos para esos proyectos se consiguieron «de manera amañada»
Mérida, Yucatán, 8 de noviembre de 2017.- Ejidatarios de Motul, Cansahcab, Sinanché y Suma de Hidalgo solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para solucionar el conflicto de los parques eólicos que se construyen en sus tierras, ya que -según denunciaron- los proyectos deberían estar suspendidos de acuerdo a una resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. También señalan que las empresas Aldesa, Aldener, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y BHCE Yucatán han conseguido los terrenos para edificar los parques de manera “amañada”.
En rueda de prensa, el asesor de los ejidatarios, Julio César Balam Escamilla leyó una carta firmada por los comisarios ejidales de Sinanché, Severiano Gutiérrez Celis; de Motul, Arcadio Tamayo Angulo; y de Cansahcab, Pedro Salas Cohuo, en la que se describe que las compañías mencionadas “en complicidad con autoridades de la Procuraduría Agraria de Yucatán y de la delegación en Yucatán de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han obtenido autorizaciones amañadas para despojar a cientos de ejidatarios de miles de hectáreas” para construir los parques eólicos Chacabal, Chacabal II, Sinanché y Cansahcab.
Balam Escamilla detalló que las empresas “han dividido, presionado e intentado sobornar a autoridades ejidales” para obtener el arrendamiento y usufructo de las tierras, pagando montos de alrededor de 30 pesos por hectárea a cada campesino.
Añadió que en algunos casos, como el de Sinanché se otorgó el arrendamiento de mil 944 hectáreas por 30 años con prórroga por otros 30 años en una asamblea que no contó con la mayoría mínima de 419 ejidatarios de la comunidad.
Sostuvo que incluso las empresas Aldesa y Aldener han construido torres para medir la intensidad de los vientos “sin solicitar ningún permiso”, lo que propició que el propietario de la parcela donde fue erigida demandara legalmente a las compañías. Sin embargo, la empresa ha manifestado que la torre no es de su propiedad.
De igual forma, el comisario ejidal de Cansahcab, Pedro Salas Cohuo demandó a las dos compañías mencionadas ya que “es un robo a su patrimonio lo que hacen, bajo mentiras y engaños han realizado contratos a espaldas del ejido”. El comisario comentó que cada 4 días lo visitan “señores”, entre ellos una persona que se identifica como E. R., para ofrecerle dinero a cambio de que “hagan negocios y abandone las demandas”.
Aseguró que le han ofrecido hasta 100 mil pesos, que no ha aceptado y que incluso hay testigos de estos hechos. Los comisarios de Motul y Sinanché señalaron que también les han ofrecido montos similares para que acepten negociar la renta de las tierras a espaldas del ejido.
El asesor de los ejidatarios informó que en meses pasados la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa emitió una resolución administrativa para suspender la construcción de los parques Chacabal y Chacabal II, ya que “el estudio de impacto ambiental que presentaron las empresas Aldesa y Aldener no cuentan siquiera con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente”.
Esto fue determinado por el Tribunal a raíz de un dictamen realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Entre los puntos, el organismo señala que existe riesgo de pérdida del hábitat de especies endémicas, así como de la muerte de aves residentes y migratorias.
Sobre este punto, Balam Escamilla expresó que la SEMARNAT no ha impugnado la resolución del Tribunal. Añadió que la empresa Aldesa ha transferido los derechos del permiso para generar energía eléctrica a otra empresa, Eólico Maya I, para obtener los permisos que negó el Tribunal.
Concluyó haciendo un llamado al gobernador Rolando Zapata Bello a nombre de los ejidatarios de las comunidades mencionadas, “aclarando que las demandas no tienen un trasfondo político” y que no “actúan en contra de los proyectos de energías limpias”.
“Solo pedimos que los contratos se hagan conforme a la ley, que los ejidatarios sean socios reales de los proyectos y no que sean nuestros bisnietos quienes luchen por recuperar nuestras tierras después de un desastre ecológico con la complicidad de funcionarios federales y locales”, expresó.
Cabe mencionar que el parque eólico de Cansahcab requiere de 300 hectáreas y el de Suma, 800. Los comisarios ejidales agregaron que hasta la fecha ninguna autoridad les ha informado si una vez construidos los parques podrán hacer uso de las tierras para sembrar o criar ganado, situación que también les causa conflicto ya que estas actividades son la principal fuente de ingresos de los habitantes. (Lilia Balam; Foto de Cuauhtémoc Moreno)