Informe señala que en Yucatán instancias agrarias no defienden bienes comunales.
Mérida, Yucatán, a 29 de junio de 2019.- El Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México revela que en Yucatán la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Agrario, en los hechos, no protegen la dimensión social de la propiedad ejidal y de los bienes comunales de los pueblos mayas.
Este informe presenta un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y los tribunales unitarios agrarios a la luz de los estándares internacionales en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en relación al despojo de tierras que experimentan hoy día ejidos y comunidades indígenas.
De acuerdo con el documento, las instancias gubernamentales en Yucatán no ofrecen asesoría para fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad y menos existe un respeto a la libre determinación de las comunidades mayas sobre su territorio.
De acuerdo con Gabriela Torres Mazuera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), señaló que en prácticamente todos los conflictos ejidales es evidente una falta de información sobre los proyectos que se desarrollan en esos territorios, por ello cuando los comuneros se enteran de la dimensión de las obras se generan conflictos, que frenan su implementación.
El Informe, en el que también intervinieron la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis), destaca una falta de armonización legislativa para que la jurisdicción agraria y el desempeño de las instancias gubernamentales se alineen con los derechos humanos de los pueblos indígenas y se garantice el respeto a la diversidad cultural.
El documento precisa que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo, no garantiza una protección total de la propiedad indígena, entendida como territorio colectivo.
Jorge Euán