Ejidos, amenazados por intereses y despojos

Proyectos de energías renovables, desarrollos inmobiliarios e intromisión de particulares, principales ‘peligros’

Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2019.- El Gobierno Federal está desarrollando estrategias para combatir el despojo de tierras en el estado, aseguró Gabriela Torres Mazuera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Peninsular.

Y es que según explicó, en Yucatán el 65 por ciento del territorio es de propiedad social, lo que arroja aproximadamente 786 terrenos ejidales, mismos que se han visto afectados en algunos casos por los nuevos proyectos turísticos, inmobiliarios, de energías renovables, así como por intereses particulares.

Torres Mazuera, afirmó que estas “nuevas estrategias” dan confianza a las mujeres y hombres del campo, pues durante los últimos años se ha intensificado la especulación de tierras.

“Ya se dieron cuenta las autoridades de los problemas que están surgiendo y están preocupadas, actualmente existen más de 52 casos que se están revisando pues se llevaron a cabo asambleas ejidales fraudulentas”, señaló.

Como ejemplo de estos “abusos” mencionó que en municipios como Chablekal, el 70 por ciento de las tierras han sido vendidas sin consultar a sus legítimos dueños, en otro caso, continuó, pobladores de Tinum han invadido áreas ejidales de Ixil y habitantes de Tetiz han ingresado a zonas de Kinchil.

Además, explicó, desde el 2015 se ha detectado que intereses externos se han involucrado en asuntos ejidales, poniendo a pobladores en contra de sus representantes, a la fecha, según sus datos, existen 10 ejidos que buscan la destitución de su comisario, aunque la mayoría de ellos son “utilizados por agentes externos”.

Estos conflictos han derivado en la destitución del Procurador Agrario y del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario No. 34, sin embargo, dijo, las manifestaciones que han dado como resultado estas salidas han sido totalmente manejadas, pues se ha dado cuenta que los pobladores no conocen a la persona contra la que se realiza la movilización.

Karen Clemente