Exigen embargo al ayuntamiento de Ticul

Ex empleados municipales protestaron en el Tribunal e impidieron la entrada al magistrado César Antuña

Mérida, Yucatán, 12 de octubre de 2016.- Cerca de 50 ex trabajadores del ayuntamiento de Ticul protestaron a temprana hora en el Tribunal al Servicio de los Trabajadores del Estado y de los Municipios, exigiendo se realice un embargo para que puedan cobrar su liquidación por despido injustificado.

Al grito de “queremos que nos paguen”, los inconformes impidieron la entrada al inmueble al magistrado presidente de ese Tribunal, César Antuña Aguilar, quien trataba de explicarles cómo va el proceso legal de su juicio.

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La abogada de los ex empleados municipales, Miriam Pacheco Vázquez, informó que en 2014 se dictó un laudo condenatorio a favor de sus clientes, pero que hasta el momento no se ha ejecutado el embargo al ayuntamiento de Ticul, por lo que no han podido cobrar.

Dijo que cerca de 200 personas fueron despedidas injustificadamente en el 2010, durante la administración del priista Rafael Chan Magaña, y tras el laudo, les adeudan aproximadamente 20 millones de pesos.

“El ayuntamiento de Ticul metió un amparo, pero se lo negó el Tribual Colegiado, por lo que el laudo quedó firme y están obligados a pagar. Sin embargo, el Tribunal de los Trabajadores únicamente ha enviado requerimientos de pago, y no ha querido ejecutar el embargo”, señaló la abogada.

Pacheco Vázquez insistió que deben embargar las cuentas bancarias del Municipio, como ha ocurrido en otras localidades y en administraciones pasadas, para que los trabajadores puedan cobrar los 20 millones de pesos.

Por su parte el magistrado Antuña Aguilar declaró en entrevista que aunque hace dos años se dictó el laudo, el embargo no se puede aplicar de manera inmediata, “no se puede ir directamente como ellos lo piden, deben existir condiciones en las cuentas bancarias de los Municipios para hacerlo, porque hay partidas que son inembargables”.

Señaló que el ayuntamiento de Ticul ha recurrido a diferentes aspectos legales para defenderse y evitar el embargo, razón por lo que se ha prolongado el juicio.

“Pero de que los trabajadores van a cobrar, van a cobrar, aunque es difícil determinar cuándo, eso depende de cómo se vaya defendiendo el demandando”, agregó el magistrado.

A pesar de que los manifestantes le negaron el acceso al Tribunal, Antuña Aguilar dijo que no pediría apoyo de la fuerza pública para desalojarlos del inmueble. (Herbeth Escalante)