Gobierno estatal se lava las manos

Se dice respetuoso de las instancias que suspenden los megaproyectos en la Entidad

Mérida, Yucatán, 25 de abril de 2019.- El estado se lava las manos y se dice respetuoso respecto a las decisiones de parar macroproyectos en la Entidad, y evita con ello enfrentarse, por un lado, con los activistas mayas y por el otro, con los empresarios extranjeros que pretenden crear empleo y energías limpias en Yucatán.

La secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, fue cuestionada por la suspensión del proyecto del parque fotovoltaico en la selva alta de Valladolid, que promociona la empresa Lightening PV Park.

“Hay que respetar lo que la instancia judicial determine, se trata de una suspensión provisional y mientras dure esto, hay que ser muy respetuosos”, expresó.

Indicó que muchas veces se otorgan las suspensiones “de cajón”, en tanto se revisa el fondo del asunto, proceso que no ha culminado, por lo qué es necesario esperar a que esto suceda.

Insistió en que debe prevalecer el respeto a las instituciones judiciales, pero sobre el futuro de los otros proyectos en la entidad, mencionó que el respeto a la legalidad está cuando “una instancia cumple los requisitos y otra considera que debe revisarse algo y se respeta”.

Ayer, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xiinba” exigió la cancelación de la obra luego que el juez V de Distrito, Carlos Solís Briceño, les otorgó la suspensión de los trabajos de construcción porque se detectaron irregularidades en el proceso del Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA), se efectuaron consultas populares a modo y dependencias como la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Reguladora de Energía (CER) permitieron las irregularidades.

Desde el año 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Yucatán a 22 permisos a empresas extranjeras para la generación de electricidad (10 parques solares y 12 eólicos), que el mismo colectivo defensor de los pueblos mayas detectó que en su mayoría han incurrido en las mismas irregularidades que el de Valladolid.

Verónica Camacho