Desalojan con violencia a la última familia de Santa Teresa.
SANTA TERESA, Motul, 3 de julio de 2019.- Los últimos habitantes de la comisaría motuleña de Santa Teresa fueron desalojados por medio de la fuerza pública esta mañana.
Fue en el 2016 cuando el dueño del casco de la hacienda sacó a las familias que vivían en las casas que fueron de los hacendados, pero una familia se resistía a irse, hasta que hoy le sacaron sus pertenencias de su vivienda.
Fue en ese año cuando tras compra la hacienda, la inmobiliaria Puente Grande ofreció una indemnización a las familias de Santa Teresa, la cual la mayoría aceptó y se mudó a Ucí y Motul, dejando el pueblo casi desierto.
Fue hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, que un convoy de Policías de la SSP, Municipales, camión de mudanzas y una grúa llegaron el actuario con la orden de desalojo, pero ante la oposición de las mujeres que habitan el predio, con lujo de violencia fueron sacadas y detenidas.
Con el uso de la fuerza pública, la familia fue desalojada del predio que vivían en esta comisaría, incluso al oponerse fueron detenidas dos mujeres para ser trasladadas a la cárcel de Motul, y según dijo el abogado de la inmobiliaria Gran Puente las demandarían por resistirse a la fuerza pública y amenazas.
Con lágrimas y gritos de que alguien las ayude, las mujeres fueron sacadas de la casa y detenidas, y los que pretendieron apoyarlas recibieron la amenaza de que sufriría lo mismo que ellas.
María Hermelinda Dzul Dzib, entrevistada antes del desalojo explicó que recurrió a la justicia federal al promover un juicio de amparo contra el desalojo que consumó hoy Olivier Dutoit, representante de Sociedad Inmobiliaria Gran Puente.
La quejosa enseñó un certificado parcelario emitido por el Profesor Efrén Caraveo Caraveo, entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, que le fue entregado a su padre Silvino Dzul Lara, bajo la figura de caserío, que habitó desde su nacimiento hasta su deceso en fechas recientes y el mismo que dividió en tres partes entre sus hijas.
Linda Dzul, como la conocen indicó que lleva viviendo en ese predio 40 años, el cual está marcado como tablaje catastral 381.
Fue notificada que este fue comercializado a Olivier Dutoit sin previa notificación, sin su consentimiento o ser tomada en cuenta, dada la antigüedad y el derecho que como posesionaria le asiste.
Libró una lucha jurídica para que sus derechos se le respeten al grado de promover un juicio de amparo contra el desalojo que consumó la inmobiliaria.
Recordó que Rosa María y Paulina Franco Murillo, operadoras de Olivier Dutoit, fueron las encargadas de ofrecer a los antiguos habitantes de Santa Teresa un terreno y un pie de casa en otro sitio, con la condición de que desalojen los antiguos caseríos o casonas de acasillamiento que habitaban, cosa que la mayoría aceptó y ahora viven en Ucí y en Motul.
La entrevistada recordó que Dutoit compró el casco de la hacienda y después de eso, informó a todos los antiguos habitantes que en vista que carecían de papeles actualizados que acrediten la propiedad, realizarían una serie de mediciones en cada predio a fin de elaborar documentos de propiedad.
Los vecinos de buena fe permitieron las mediciones en sus predios, frente y fondo pero con el verdadero fin de englobar todo en una sola propiedad, incluyendo el casco y terrenos aledaños.
Tras las mediciones a los pocos meses en junio del 2008, se realizó una operación de compra venta entre Hidalgo Jiménez, antiguo dueño del casco de la hacienda, y la Inmobiliaria Gran Puente, hecho del cual dio fe el notario Fernando Castellanos, pasando por encima de los derechos que le asisten a los posesionarios o habitantes de las antiguas casonas como posesionarios, y dejando sin validez los certificados parcelario que sus ancestros, padres y abuelos, recibieron de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.
La informante acudió al Registro Público de la Propiedad para solicitar los planos catastrales del predio tablaje 381, pero en dicha instancia le negaron dicha documentación
«En el catastro nos cerraron puertas, la gente poco a poco se fue y desalojaron los predios, los cuales ahora están clausurados con bloques», abundó.
Dela misma manera acudió al Ministerio Público donde interpuso una denuncia, que no prosperó.
Recordó que a cambio le estaban dando 120 mil pesos, pero esa cifra no alcanza para edificar una casa, ni mucho menos para los detalles de la misma, pero ahora la dejaron en la calle.
Eduardo Herrera.