El organismo subrayó que “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos.
México, DF. 08 de agosto de 2015.– Al referirse a tres casos donde se dio la presunta participación militar en perjuicio de las garantías fundamentales de la ciudadanía mexicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que es indispensable la separación “clara y precisa” entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.
Este organismo de la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación respecto de los argumentos sobre la participación de elementos del Ejército mexicano en el secuestro y homicidio en julio de este año de siete personas en Calera, Zacatecas; el operativo, también en julio, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, donde fueron asesinados dos habitantes, uno de ellos un menor de 12 años; y la ejecución de 22 personas en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, estado de México.
A través de un comunicado dado a conocer este viernes, la CIDH subrayó que “los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno (de los países) deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos. Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país”.
Urgió al Estado mexicano a continuar con las investigaciones de estos tres casos, y a garantizar que estas indagatorias se realicen de manera seria, independiente, imparcial y efectiva, en consonancia con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. (La Jornada)