El alcalde Alejandro Ruz Castro supervisa en la Policía Municipal nuevas áreas y al personal que lo integrarán.
Con el propósito de poner en marcha el nuevo modelo de Juzgado Cívico de la Policía Municipal, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó el avance de las nuevas áreas y al personal que integrarán este sistema de justicia en Mérida.
«El modelo de Juzgado Cívico no solo sancionará a las y los ciudadanos que cometan faltas administrativas, sino que trabajará en forma coordinada para prevenir dichas conductas, fomentar la sana convivencia, la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos de todas y todos en los espacios públicos», expresó.
Además, será un auxiliar importante para fortalecer la cultura de la legalidad y dar solución de manera transparente y expedita a conflictos que se presentan en la comunidad.
Acompañado por la regidora Presidenta de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Celia Rivas Rodríguez; el Secretario Municipal, Julio Sauma Castillo y el director de la Policía Municipal de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante; el Presidente Municipal, durante su recorrido por las instalaciones policiacas, destacó que Mérida no solo invierte en equipamiento de alta tecnología para mejorar las estrategias de seguridad pública, sino también trabaja en la profesionalización del sistema de justicia municipal para la resolución de conflictos a través del diálogo y la mediación.
«Uno de los puntos fuertes que nos permite ser una ciudad segura y con paz social, es que hemos apoyado a la policía municipal para la profesionalización de sus elementos, así como las capacitaciones necesarias para el desempeño de sus labores», afirmó.
Asimismo, Ruz Castro saludó a las y los elementos de la Policía In situ cuya labor será escuchar a todas las partes involucradas en un conflicto que no constituye un delito, con el propósito de proponer una mediación o, en su caso, remitirlo al Juzgado Cívico.
Posteriormente, visitó el área denominada Oficina de Tamizaje encargada de aplicar evaluaciones a presuntos infractores por faltas administrativas para detectar algún factor de riesgo, a fin de que su perfil de riesgo sea considerado por el juez cívico al momento de dictaminar medidas para mejorar la convivencia cotidiana.