En México, es mínima la posibilidad de sancionar penal o administrativamente a un funcionario público por cometer una violación grave a los derechos humanos como tortura y desaparición forzada, aseguran organizaciones civiles de derechos humanos.
MÉXICO, D.F.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos asegura que sólo una de cada cien violaciones graves a las garantías fundamentales que llegan al Ministerio Público obtiene sentencia, por lo que es prácticamente imposible que las víctimas accedan a la reparación del daño por la vía penal.
En tanto, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alrededor de 11% de las denuncias penales que presenta concluyen con una consignación. En 2013 el organismo presentó un total de 354 denuncias penales por violaciones a los derechos humanos en agravio a 143 mil 819 víctimas.
Del total de averiguaciones previas, 41 fueron consignadas. En cuanto al resto, 257 continúan en investigación, en 55 de los casos la Procuraduría de Justicia Militar se declaró incompetente y en un caso se determinó el no ejercicio de la acción penal.