Morena zancadillea a asociaciones civiles

Las agrupaciones que reciban dinero del extranjero deberán tributarlo.

Mérida, Yucatán, 23 de febrero de 2022.- Representantes de asociaciones civiles consideran que las nuevas limitaciones en cuanto a hacer deducibles las aportaciones recibidas para continuar con los objetivos de trabajo, han venido a complicar el panorama en cuanto a la ayuda que proveen a la sociedad civil.

De acuerdo con el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno del Estado, en Yucatán operan 180 de estas entidades.

Ayer, Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena en el Congreso Federal, presentó una iniciativa por medio de la cual se busca reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que las organizaciones que reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras informen al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación, desglosando el origen, monto y precisando el porcentaje que constituye de sus ingresos totales.

Ante esto, representantes de una fundación que opera en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y otro estados de la República, que pidieron permanecer en el anonimato, comentaron a Desde El Balcón que su organización siempre ha sido apegada a las normas regulatorias que les rigen como donataria autorizada aunque esto implique algunos procesos que son tardados.

“Ciertamente es mucho trabajo e implica una fuerte inversión en tiempo destinado a ello, pero entendemos que es parte de la normatividad, estamos acostumbrados a tener que rendir cuentas pues usamos recursos externos para poder operar y ayudar a quien lo necesite. La cultura de donación en México es poca y las nuevas limitaciones de deducibilidad, nos han llevado a explorar fuentes extranjeras, que nos han dado cierto alivio para continuar con nuestra labor”, mencionaron.

De acuerdo con la exposición de motivos, de la bancada de Morena en el Congreso Federal, el proyecto de reforma a la Ley del ISR, tiene por objeto “regular y transparentar los recursos que organizaciones no gubernamentales reciben de gobiernos y corporaciones extranjeras, y que se dedican a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México”.