En su informe anual, la ONG Amnistía Internacional llamó a frenar ese tipo de castigo.
LONDRES, 1 de abril de 2015.— Amnistía Internacional (AI) denunció ayer en su informe anual sobre la pena de muerte un aumento por cinco de las condenas en 2014, por culpa de Egipto y Nigeria, pero un descenso en las ejecuciones.
Ningún país latinoamericano condenó o ejecutó a nadie, constata el informe. El único país americano que persiste en ejecutar es Estados Unidos, con 35 casos en 2014, cuatro menos que el año anterior.
En total, hubo 607 ejecuciones en 2014, un descenso de 22% respecto de 2013, y se produjeron en 22 países, los mismos que el año anterior.
Estados Unidos sigue dentro del grupo de los países que más ejecutan, superado sólo por Irán (289 oficialmente reconocidas y 454 no declaradas), Arabia Saudita (al menos 90), Irak (al menos 61) y el país norteamericano.
Sólo siete entidades de Estados Unidos ejecutaron en 2014, por nueve el año anterior. Cuatro de ellos —Texas, Misuri, Florida y Oklahoma— acumularon 89% de las ejecuciones.
Las sentencias de muerte también cayeron en Estados Unidos, de 95 en 2013 a 77 en 2014.
China ejecuta más que
el resto del mundo junto
Como en años anteriores, el informe no incluye a las miles de personas ejecutadas en China, donde los datos relativos a la pena de muerte son secreto de Estado, pero Amnistía afirma que las cifras superan a las del resto del mundo junto.
Las últimas estimaciones de la Fundación Dui Hua en San Francisco, Estados Unidos, que cuenta con buenas relaciones con la justicia china, apuntan a que la República Popular ejecutó en 2013 a unas dos mil 400 personas. Para 2014 no existen datos.
Amnistía constata además un alarmante aumento del recurso a la pena de muerte para “luchar contra amenazas reales o percibidas a la seguridad del Estado relacionadas con el terrorismo, el delito o la inseguridad interna”.
Destacan los casos de Nigeria y Egipto, que atraviesan tiempos de inestabilidad política.
De las dos mil 466 condenas a muerte de 2014, 659 fueron impuestas en Nigeria y 509 en Egipto, en ambos casos más de 500 que en el año anterior.
“Cuando los gobiernos dicen que usan la pena de muerte en respuesta al delito y al terrorismo, se equivocan; la pena de muerte no es la solución”, dijo Audrey Gaughran, dirigente de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en Londres.
“La pena de muerte no es más disuasoria de delitos graves que otras formas de castigo”, añadió.
Y además, un error es fatal, dijo la organización, destacando que 113 personas erróneamente condenadas fueron liberadas en 2014.
Esta cifra “es muy perturbadora, porque revela la frecuencia con la que se condena a inocentes”, sostuvo Gaughran.
“Nos preocupa enormemente Egipto, porque las sentencias de muerte en grupo fueron el resultado de juicios muy injustos, y en Nigeria nos preocupa el modo en que las cortes militares han impuesto las sentencias”, dijo.
Entre los métodos usados en las ejecuciones, hubo: decapitación (Arabia Saudita), ahorcamiento (Afganistán, Bangladesh, Egipto, Irak, Irán, Japón, Jordania, Malasia, Pakistán, Palestina, Singapur, Sudán), inyección letal (China, Estados Unidos y Vietnam) y arma de fuego (Arabia Saudita, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Palestina, Somalia, Taiwán y Yemen).
Amnistía Internacional no tuvo noticia de ejecuciones judiciales por lapidación, aunque una mujer fue condenada a morir lapidada por “adulterio” en Emiratos Árabes Unidos.
En su examen anual sobre la pena de muerte, AI informó que “un alarmante número de países” utiliza ese castigo “para responder a amenazas o supuestas amenazas” a la seguridad del Estado y la seguridad pública, terrorismo, delincuencia e inestabilidad interna.
“Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio”, señaló por su parte Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
En 1995, Amnistía Internacional registraba ejecuciones en 41 países, por lo que el número actual pone de manifiesto una tendencia mundial a abolir la pena capital.
“Las cifras hablan por sí solas: la pena de muerte está empezando a ser cosa del pasado”, comentó el secretario general de Amnistía Internacional.
“Los pocos países que siguen ejecutando deben mirarse seriamente en el espejo y preguntarse si desean seguir violando el derecho a la vida o unirse a la inmensa mayoría de los Estados que han abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana”, concluyó.
En el caso de Latinoamérica, la experta en pena de muerte de Amnistía Internacional Chiara Sangiorgio dijo que es una región “muy interesante”, ya que, “por un lado están los países que primero eliminaron la pena de muerte, como Venezuela, y por otro algunos que la siguen aplicando como medida correctiva”, como Trinidad y Tobago en el Caribe.