Grupo México suspendió por 60 días el proyecto Tía María en Perú, con el objetivo de convencer a los campesinos, pero ese gesto no funcionó.
Lima, 27 de mayo de 2015.- El gobierno autorizó el martes el envío de militares a siete estados de los Andes del país, donde para el miércoles y jueves se anunciaron protestas de agricultores opositores a un proyecto minero de Grupo México. En manifestaciones desde marzo se han registrado cuatro muertes y más de 200 heridos en escaramuzas con la policía.
En una resolución suprema firmada por el presidente Ollanta Humala y publicada en la gaceta oficial se argumenta que “esta medida se adopta asimismo para evitar cualquier ilícito penal que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y medidas de protesta promovidas en dichas zonas por diversos frentes, juntas y organizaciones sociales”.
Otros 500 militares fueron enviados hace 16 días al valle agrícola de Tambo, epicentro del conflicto y conformado por cuatro pueblos, para apoyar a 2,000 policías que intentan mantener el orden público. El envío de uniformados es considerado por expertos similar a los despliegues de militares durante la última guerra interna (1980-2000).
Las relaciones entre el gobierno central y los agricultores están en su peor nivel. El viernes el presidente Humala decretó el estado de emergencia por 60 días en el valle de Tambo, y con eso restringió varios derechos fundamentales para 40,000 habitantes, entre ellos la libertad de reunión, libre tránsito, libertad personal e inviolabilidad de domicilio.
Los agricultores del valle de Tambo, que abastecen de arroz y papa al sur del país, se oponen al proyecto llamado Tía María de 1,400 millones de dólares, porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será devuelta al mar por una tubería que se adentrará en las aguas 850 metros, a 30 metros de profundidad. (El Economista)