También denuncian irregularidades durante su etapa de construcción
Mérida, Yucatán, 02 de diciembre del 2016.- Pobladores de Muna han manifestado su preocupación ante la construcción de dos plantas solares que se levantarán en una extensión cercana a las 750 hectáreas, las cuales podrían provocar irreversibles daños ambientales y sociales, señaló Romel González Díaz, de la Cooperativa Chac Lol de esa localidad, quien criticó que tampoco se han hecho consultas indígenas para abordar con los habitantes estas posibles afectaciones.
Los parques contarán con más de un millón de paneles solares, cada uno de ellos de dos por dos metros, distribuidos en terrenos de Ticul, Sacalum y Muna, comunidades del sur poniente de Yucatán.
De acuerdo al activista, se espera que una vez que empiecen a operar, generarían un aumento de tres grados centígrados de temperatura en esas localidades mayas, además de que para su construcción se deforestarían decenas de hectáreas de selva en la región, lo que traería consecuencias en las lluvias.
De igual manera, estas obras provocarían el “fenómeno espejo”, al reflejar los rayos del sol en los paneles, desorientando a las aves que vuelan por la zona.
El integrante de Chac Lol indicó que desde que se enteraron que la empresa norteamericana SunPower instalaría esos parques fotovoltaicos en sus comunidades, recurrieron a ambientalistas, a la asociación defensora de Derechos Humanos Grupo Indignación, y a buscar información de casos similares en otros países latinoamericanos, pues temen que la vida de sus pueblos cambie con la llegada de esta nueva infraestructura.
Con la entrada en vigor de la Reforma Energética, el gobierno federal realizó subastas de largo plazo para que empresas particulares produzcan energía eléctrica que venderán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), priorizando las “energías renovables”.
En ese contexto, de los 18 proyectos autorizados a principios de año en México por la Secretaría de Energía (SE), nueve se levantarán en Yucatán, entre eólicos y fotovoltaicos. Nunca antes en la entidad se han construido obras de este tipo.
Entre las empresas que ganaron las licitaciones se encuentra la estadounidense SunPower, que pretende desarrollar los proyectos Vega Solar 1 y 2, consistentes en construir parques solares que se denominarán “Ticul A” y “Ticul B” en Muna y municipios aledaños.
No hubo consultas, sólo engaños
González Díaz y el líder ejidal de la comisaría de San José Tipceh de Muna, Aurelio Mugarte Xool, informaron que aunado a los posibles daños ambientales, esta empresa ha cometido una serie de irregularidades en los últimos meses. En específico, no llevaron a cabo los trámites para una consulta indígena a los pobladores para saber si estaban de acuerdo con el proyecto, de la misma forma tampoco informaron adecuadamente en qué consisten ni cuáles serían las afectaciones.
Además, a través de un intermediario, de nombre Ignacio Salomón Isaac, intentó adquirir los terrenos por la vía de arrendamiento a los 102 ejidatarios de San José Tipceh, ofreciéndoles 4 millones de pesos, pero no explicó para qué los utilizarían realmente.
“Nos dijeron que querían usar las tierras para sembrar cítricos, y luego, en la asamblea ejidal llegaron con un notario y una maleta con dinero, pero en los documentos decían que era para un parque solar, nos engañaron”, explicó Mugarte Xool.
De cualquier modo, los ejidatarios aceptaron el dinero en junio pasado, sin estar conscientes de lo que habían firmado en seis contratos. Posteriormente detectaron cláusulas que les afectaban, como el hecho de que después de 40 años de rentar las tierras a la empresa, éstas pasarían a ser propiedad privada de Salomón Isaac.
Por tal razón, y tras otras irregularidades, anularon los contratos en una nueva asamblea meses después, dejando fuera al intermediario. Ahora, los campesinos están pidiendo a la empresa otras prestaciones, como 20 mil pesos más por cada hectárea durante el tiempo de la renta de los terrenos.
González Díaz enfatizó que la Secretaría de Energía y la empresa SunPower no realizaron consultas indígenas a la comunidad sobre este proyecto antes de iniciarlo, por lo que la población desconoce los daños ambientales y sociales que éste podría provocar.
Criticó que el pueblo se vería afectado tras la decisión de los ejidatarios, quienes firmaron la renta de las hectáreas “cómo si ellos fueran los dueños de todo el territorio”.
Por su parte, Mugarte Xool dijo que además de la comisaría de San José Tipceh de Muna, otra localidad que resultará perjudicada con la obra es Plan Chac, que se encuentra en el municipio de Sacalum, “ya que las construirán a menos de un kilómetro de nuestras comunidades, estarán muy cerca de nuestras casas”.
Al respecto, el abogado de Grupo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, declaró que con una consulta indígena se puede echar atrás el proyecto del parque solar, sobre todo si se informa a los pobladores sobre las posibles afectaciones al medio ambiente, como la deforestación de 750 hectáreas de selva.
Recordó que este tipo de proyectos para generar energía limpia desde la iniciativa privada se propusieron con la Reforma Energética, pero ésta recalca que, cuando se pretenden construir en comunidades donde habitan indígenas, se tienen que llevar a cabo consultas con los pobladores.
Fernández Mendiburu lamentó que “mañosamente” SunPower contrató una empresa consultora, que tras un “estudio antropológico” determinó que en esa zona de Yucatán no viven pobladores mayas, por lo que “no era necesario realizar una consulta indígena”.
Los inconformes señalaron que desde mucho antes de su construcción se violan los Derechos Humanos de los pobladores indígenas al no considerarlos en las tomas de decisiones, ya que no se hicieron las mencionadas consultas.
Será la más gran de América Latina
Hace unas semanas, el secretario estatal de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo informó que el proyecto solar de Ticul será el más grande de América Latina, y producirá 500 megavatios (MW) de energía.
Confirmó que esta granja solar se levantará en un área de 750 hectáreas. Su equipo, de fabricación francesa y americana, está en camino a Yucatán, por lo que en breve empezará a construirse.
Recordó que forma parte de los nueve parques que permitirán que desde Yucatán se genere el 35 por ciento de toda la energía limpia de México. Estas obras deberán estar listas a más tardar en marzo del 2018, y se invertirán 25 mil millones de pesos.
Con respecto a los proyectos fotovoltaicos de SunPower –información que se puede consultar en su página oficial de Internet-, se averiguó que el “Ticul A” se instalará en una superficie de 500. 232 hectáreas, se construirá en dos años y tendrá una potencia final de generación de 207 MW. Estará en operación 37 años, y contará con 818 mil 800 paneles fotovoltaicos. Según la empresa no es un proyecto térmico.
El “Ticul B” también generará energía eléctrica, pero en una superficie de 237.687 hectáreas. El tiempo de construcción es de tres años, estará en operación 40 años, y generará 103.5 MW a partir de 409 mil 200 paneles.
Expondrán violaciones a sus derechos
Representantes de comunidades mayas y de asociaciones civiles de la Península de Yucatán, tendrán una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá, en la cual informarán de manera general sobre las violaciones a los Derechos Humanos en contra de los pueblos indígenas de la región, como el hecho de que se pretenden construir parques eólicos y fotovoltaicos sin antes hacer consultas públicas.
El abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Grupo Indignación A.C., informó que ante este órgano de vigilancia en América Latina expondrán casos de violación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas y campesinas, como el derecho de acceso al agua, a vivir en un ambiente sano, a sus territorios ancestrales, a la consulta previa y a la libre determinación de su desarrollo social y económico.
Por su parte, Rodrigo Llanes Salazar, investigador del CEPHCIS-UNAM, indicó que darán a conocer cómo el Estado Mexicano pretende implementar modelos de desarrollo económico en la Península de Yucatán, pero violando los derechos de los pueblos originarios.
Como ejemplo, indicó que no se realizan consultas públicas indígenas ni se les brinda información a los pobladores mayas sobre los “megaproyectos” como parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que se instalarían en diferentes municipios yucatecos a más tardar en dos años.
De igual manera, se les niegan sus derechos a decidir qué tipo de modelo económico y de desarrollo social quieren que se implementen en sus localidades, en favor de su cultura y medio ambiente, y se les impide participar en éstos.
Ambos activistas coincidieron en que se está pretendiendo imponer en la Península un modelo de desarrollo económico basado en los monocultivos de soya, maíz y palma africana –transgénicos o no-, en el uso intensivo de agrotóxicos como el glifosato, y en proyectos energéticos y mega turísticos que están poniendo en peligro la selva maya, las fuentes de agua y actividades como la apicultura.
Fernández Mendiburu explicó que en esa audiencia, que se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Panamá, la mesa temática sobre la Península de Yucatán fue la única que la Comisión aceptó sobre una región en particular de México, pues las otras tratarán sobre desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y derechos sindicales. (Herbeth Escalante Ojeda)