La mujer y su esposo fueron detenidos arbitrariamente y acusados de homicidio; ella perdió a su bebé
Progreso, Yucatán, 17 de junio de 2020.- En los últimos meses, Progreso ha sido señalado como uno de los municipios yucatecos en donde más detenciones arbitrarias se cometen por parte de la policía municipal; en esta ocasión, una profesora de matemáticas denunció haber sido torturada, privada de su libertad, y haber abortado a su bebé de dos meses luego de una brutal golpiza que le propiciaron las agentes uniformadas.
María Guadalupe Pech Solís, es egresada del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), tiene una maestría con especialidad en mecatrónica y actualmente es académica en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) de Cholul. Hace unos días, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curí, la habría señalado a través de Twitter, como una de las detenidas por el asesinato del policía, Luis Manuel Pacheco Chuc, sin embargo, la tuvieron que liberar tras no poder demostrar su responsabilidad en las acusaciones.
Pech Solís, evidentemente consternada, aceptó dar la entrevista y denunció que ella y su esposo Roni Gonzalo Torres Mena fueron detenidos presuntamente –sin justificación– y acusados de haber participado el homicidio del agente.
Narró que todo ocurrió el pasado 10 de junio a las tres de la mañana. Debido a su embarazo y a los antojos, le pidió a su pareja que vaya al OXXO por una bebida azucarada, lo cual, él accedió; se subió a la camioneta y se dirigió al establecimiento de 24 horas ubicado en la calle 31 x 108, a unas pocas cuadras de su domicilio.
Relató que su esposo olvidó el dinero para pagar la botella de jugo de naranja y tuvo que regresar a su casa sin el producto. Al estacionarse en la puerta de su hogar, un convoy de policías municipales recorría la zona y “confundieron” al hombre con el presunto asesino que buscaban.
Los agentes, presumiblemente, con exceso uso de la fuerza, lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo trasladaron en una patrulla a la comandancia de Progreso.
La maestra, quien se encontraba en el interior del predio, vio las luces rojas y azules de las patrullas por la ventana y, al asomarse, encontró a unos policías inspeccionando el automotor.
“Por un momento, creí que mi esposo había chocado, no entendí bien que ocurría; entonces salí para averiguar qué había pasado, pero para mi sorpresa, los y las policías me recibieron con agresiones físicas”, explicó.
Pech Solís, también fue detenida en la puerta de su casa, no obstante, intentó videograbar todo lo ocurrido, pero la comandante, Melina Uribe Febles, dio la orden de quitarle el teléfono celular y golpearla si ponía resistencia.
Durante la entrevista, la víctima mostró sus heridas y moretones en su espalda, manos y cuello, y con lágrimas en los ojos, aseguró que suplicó a las mujeres policías que no la golpearan en el vientre, ya que tenía dos meses de gestación.
Las uniformadas ignoraron la petición, la tiraron al piso y la patearon en el vientre. Luego la subieron a un antimotín y le dieron varias vueltas por la zona hasta llegar al corralón de Progreso.
La profesora, sin un abogado, sin haber hecho una llamada y detenida sin justificación, fue torturada. Las policías le enrollaron un trapo por la cabeza y boca y comenzaron a presionarla para que confiese su participación en el crimen.
Pech Solís no podía respirar e incluso se vomitó con el trapo puesto. Después de varias horas de haber permanecido en el vehículo policiaco, fue trasladada a una celda en donde vio a su esposo, también detenido y golpeado.
“Me trataron de una forma inhumana, comencé a sentir dolores en el vientre e imploré que un doctor me revise, sin embargo, se burlaron de mí y me negaron la asistencia médica”, explicó.
Casi 24 horas después, la maestra fue puesta en libertad, pero el daño ya estaba hecho y comenzó a sentir contracciones y calambres. Más tarde tuvo un sangrado y perdió a su bebe.
Afirma que no es justo, que los policías no pueden actuar de esa manera, sobre todo, porque le quitaron la vida a su gestante, tras doce años de intentar embarazarse.
Su esposo actualmente está libre, y fue detenido luego de 72 horas.
ENGAÑOS
Asimismo, explicó que, en todo momento, le trataron con mentiras y le querían obligar a firmar declaraciones que ella no había realizado.
De la misma manera le negaron el derecho de tener un asistente legal y la mantuvieron incomunicada por varias horas.
Tras casi una semana, ella interpuso su denuncia y ha solicitado ayuda de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey).
Afirmó que pedirá justicia y que, de ser necesario, denunciará a todos los responsables.
Javier Escalante Rosado