Los activistas informaron que en la medianoche de ayer feneció el término para que los cerdos sean desalojados de la empresa
Mérida, Yucatán, 7 de noviembre del 2018.– El colectivo “Guardianes de los cenotes” (Ka’anan Ts’onot) presentó ante la Jueza Cuarta de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Miriam Cámara Patrón, un incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva de operaciones de la mega granja porcícola de Homún, ya que ayer a la medianoche feneció el plazo para que los cerdos sean desalojados de las instalaciones y dicha acción no fue ejecutada. Los activistas recalcaron que tanto los empresarios como las autoridades estatales se encuentran en desacato de la orden federal y exigieron que se proceda contra ellas conforme a la ley: con sanciones económicas e incluso la remoción de los servidores públicos involucrados de sus cargos.
En rueda de prensa, la abogada del colectivo Indignación, Lourdes Medina Carrillo, recordó que seis menores de Homún promovieron un juicio de amparo el pasado 28 de septiembre. El 1 de octubre, Cámara Patrón otorgó la suspensión provisional como medida precautoria ante posibles daños irreparables a la salud y el medio ambiente. El 9 de octubre se llevó a cabo una audiencia, en la que se determinó la suspensión definitiva de operaciones de la granja en tanto se resuelve el juicio de amparo.
Dos días después intervino por primera vez la empresa Kekén, bajo el argumento de que tiene un contrato de aparcería con Productos Alimentarios y Porcícolas (PAPO) y solicita un plazo de tres semanas para mover a los cerdos de la granja. Debido a que desde el primer día del mes se solicitaron prórrogas a la autoridad federal, ésta ratifica la resolución el 23 de octubre y brinda a las compañías cinco días improrrogables para acatar la orden de suspensión.
El plazo feneció el lunes y a partir de entonces las autoridades estatales (Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente), tenían 24 horas para notificar a la jueza que no se ejecutó la suspensión. Tampoco se cumplió con esa medida.
“Ya tuvieron tiempo suficiente, ya tuvieron 38 días para acatar la orden de la juez, y desde la solicitud de Kekén ya pasaron no tres, sino cuatro semanas. Esto da la conclusión de que no hay voluntad de cumplir con la orden judicial”, sostuvo la abogada, quien recalcó que el desacato de la resolución “está solapado por el Congreso del Estado, que visitó la granja que sigue operando y parece una burla”.
Por ello, el día de hoy los “Guardianes de los cenotes” presentaron ante el juzgado un escrito en que notifican el incumplimiento de la suspensión de operaciones de la granja, subrayan el desacato de la orden judicial y solicitan que se inicie la investigación de dicho delito. También solicitan que se proceda contra las autoridades responsables (Ejecutivo, SEDUMA y presidencia municipal de Homún) conforme a lo establecido en la ley.
De acuerdo a Medina Carrillo, las multas serían pagadas por el erario público y podrían ascender a los 30 mil días de salario mínimo por cada día que transcurrió sin que se cumpliera la orden federal. Agregó que para cumplir con la resolución la jueza puede hacer uso de la fuerza pública –ejército-.
De igual forma, se pidió que se inicien los incidentes de inejecución del cumplimiento de la sentencia, lo que daría como resultado que a las autoridades involucradas se les inhabilite en los cargos que ostentan actualmente e incluso se les podría impedir ocuparlos en el futuro.
Por su parte, el secretario general de los “Guardianes de los cenotes”, José May Echeverría, externó que los legisladores locales “parecen maniobrar a favor de la empresa”, ya que han manifestado opiniones favorables a la compañía. “Los diputados insisten en ignorar la determinación del pueblo de Homún, que rechazó la mega granja a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya. Es una muestra de desdén y desconocimiento de los derechos del pueblo maya que pone en riesgo no solo a Homún sino a todo el estado”, puntualizó.
En este sentido, Medina Carrillo comentó que el Congreso está invadiendo competencias del Poder Judicial de la Federación e hizo un llamado a que la ciudadanía esté pendiente de las reformas que se promoverán en el Legislativo local a raíz del caso de Homún, ya que podrían implementar leyes “a modo de algún sector o de intereses particulares”.
Finalmente May Echeverría informó que los diputados no los han invitado a dialogar. Cabe mencionar que, según comentó la abogada, se buscará ampliar la demanda, ya que se ha recabado nueva información que demuestra que además de las autoridades estatales, hay dependencias federales implicadas en el caso. Agregó que el próximo 15 de noviembre habrá otra audiencia sobre el juicio de amparo. (Lilia Balam)