En el proyecto trabajarán de manera conjunta el Tribunal Superior de Justicia y la Unicef.
Mérida, Yuc. 21 de junio de 2014.- Una Comisión que genere acciones, programas y planes pilotos que ayuden al Poder Judicial a ser más eficaz en la protección a los niños y adolescentes desde el ámbito de la impartición de la justicia, fue una de las propuestas generadas en una reunión entre magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Isabel M. Crowley.
La funcionaria estuvo ayer en el Tribunal Superior de Justicia, en donde sostuvo una larga plática de trabajo con los magistrados, quienes le informaron de las acciones que los juzgadores yucatecos han estado implementando con el fin de que los menores y adolescentes sean capa vez más protegidos y tutelados, tanto en lo referente a conflictos familiares, como penales.
Esta primera reunión que se abre en el Poder Judicial es un gran avance que permitirá incidir en temas de gran relevancia para mejorar las condiciones de los niños y adolescentes de México, un país eminentemente joven, expresó la representante de UNICEF en México, al término de la junta de trabajo en la que también participó el Director del Sistema DIF Dr. Limber Sosa Lara.
El Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Alejandro Celis Quintal, explicó a la Sra. Crowley las acciones que el Poder Judicial lleva a cabo en diferentes ámbitos, para atender de forma especializada a los menores y adolescentes, sea cuando están en conflicto con la ley o cuando se encuentran en medio de conflictos familiares.
Resaltó la coordinación con el Poder Ejecutivo, particularmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mediante la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), para la operación del Centro de Convivencia Familiar supervisada, que ayuda a restablecer las relaciones entre menores y sus familias.
Crowley, por su parte, previó que la Unicef reforzará su diálogo con el Tribunal Superior de Justicia para trabajar en temas relacionados con la protección y apoyo a menores en procesos judiciales, incluso generando una retroalimentación de mejores prácticas, lo que incluye la forma en que los menores pueden ser escuchados en los procesos judiciales y reintegrados a la sociedad.
El magistrado Celis Quintal dijo que en Yucatán se trabaja de manera fuerte en la reinserción de los niños y adolescentes y que incluso el índice de reincidencia es de los menores del país y expuso que el sistema acusatorio y oral que ya se aplica en el sistema especializado en justicia para adolescentes de Yucatán contribuye a un mejor tratamiento.
En su intervención, el magistrado Jorge Rivero Evia resaltó la reciente entrada en vigor de los nuevos Códigos Familiar y de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, con los cuales se busca proteger mejor a los integrantes de la familia, mediante una serie de nuevas figuras jurídicas.
La Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega indicó que a través de la representación para los temas de igualdad de género también se trabaja a favor de las familias y los niños.
Por su parte, el magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva indicó que luego de varias reformas en justicia para adolescentes, en Yucatán los jueces han sido un mecanismo de control para la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
En su turno, la magistrada Ingrid Priego Cárdenas manifestó su preocupación por la necesidad de una campaña que sensibilice a los padres de familia, particularmente los varones para que sean conscientes de lo vital que es para un niño recibir una pensión alimenticia, incluyendo además cuidados y educación.
En la reunión también estuvo presente el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México Juan Martín Pérez García, quien invitó a los magistrados a participar en el VI Congreso Mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia Congreso que se realizará del 12 al 14 de noviembre próximos en Puebla.
Dijo que uno de los debates más relevantes que se abordarán en este Congreso es el de la noción del síndrome de alienación parental, que tiende a invalidar la voz de los niños. “Nadie está de acuerdo que uno influya sobre los niños, pero eso no tendría que ser un impedimento para el ejercicio de derechos”, expresó.
Los visitantes realizaron también un recorrido por el Centro de Justicia Oral de Mérida.