La población de Rumania se movilizó para evitar que los políticos suavizaran una ley anticorrupción en su beneficio
Ciudad de México, Mex., 18 de febrero de 2017.- Un intento político de suavizar leyes anticorrupción en Rumania llevó a las mayores manifestaciones de rechazo desde el derrocamiento del presidente del gobierno comunista Nicolae Ceausescu en 1989 y una vergonzosa derrota en el Parlamento.
Desde el 31 de enero y aún dos semanas después, protestas callejeras que concentraron hasta 300 mil personas sacudieron Bucarest, una ciudad de dos millones de habitantes que es la capital de ese país, el segundo más pobre de Europa.
El movimiento fue en gran medida espontáneo, sin líderes, programas ni discursos. Fue “una movilización ciudadana sin precedentes”, según descripción de la agencia EFE y “un ejemplo de democracia directa y participativa”, de acuerdo con la revista Foreign Affairs.
Las manifestaciones surgieron desde el día en que el Partido Social Demócrata (PSD), de gobierno, introdujo propuestas de ley que entre otras cosas buscaban descriminalizar acciones de corrupción menores a 200 mil leis (unos 47,800 dólares estadunidenses).
Esas medidas habrían beneficiado políticamente a jerarcas socialdemócratas y limitado la que es una significativa campaña contra la corruptela y debilitado al temido Directorado Nacional Anticorrupción (DNA).
Pero esto, en un país donde entre 2014 y 2016, mil 171 personas fueron halladas culpables de abusos de poder que las hicieron acreedoras en conjunto a multas por más de mil millones de euros, donde hay más de dos mil casos abiertos y 27 funcionarios, entre ellos el exprimer ministro Victor Ponta, enfrentaron la justicia en 2015.
Aparte de Ponta, 5 ministros, 16 legisladores y 5 senadores estuvieron sujetos a juicios.
La reacción pública pareció hacer innecesario el referendo que el presidente Klaus Iohannis propuso el pasado 7 de febrero, y que aún no tiene fecha, pero muchos rumanos no quitan el dedo del renglón.
El riesgo no ha cambiado”, dijo Laura Codruta Kovesi, la fiscal considerada como el rostro del DNA, al señalar que hay responsables políticos con capacidad para cambiar las leyes, pero también prometer que no cejará en la lucha simbolizada por la organización, creada en 2003 y que según el Banco Mundial ha fortalecido su credibilidad gracias a que ha logrado acusaciones y condenas contra más de un millar de funcionarios acusados por corrupción.
En declaraciones al diario británico The Guardian, Codruta Kovesi aseveró que los rumanos “sienten que nadie está por encima de la ley” y que “no debemos aprobar leyes que favorezcan a aquellos que cometieron serios crímenes”.
Ese es un sentimiento que los rumanos no pudieron expresar siempre. De hecho, el florecimiento del activismo ciudadano surgió a la caída del régimen de Ceausescu, que de 1965 a 1989 fue el hombre fuerte en el gobierno del Partido Comunista Rumano y que al ser juzgado fue condenado, entre otras cosas, por desfalco.
La razón por la que los rumanos luchan contra la corrupción es porque reconocen, como ocurre con los ciudadanos de otras naciones similarmente afectadas, que la corrupción resulta en inestabilidad política, privaciones económicas, baja eficiencia y pobre gubernabilidad”, indicaron Joseph Vann y Valbona Zeneli, especialistas del Centro Europeo para Estudios sobre Seguridad George Marshall, en un artículo para The Globalist.
Pero va más allá. La economía rumana sufrió enormemente durante la crisis de 2008, que de acuerdo con un análisis de la empresa inversora Driehaus Capital Management literalmente mató a su sector bancario y según el Observatorio Europeo de la Vida del trabajador a un progresivo recorte de los salarios como parte del esfuerzo por salvar empleos apenas ahora empiezan a sentirse un alivio.
Tanto Driehaus Management como el Fondo Monetario Internacional pronosticaron en 2016 que Rumania sería la economía europea de más rápido crecimiento.
Pero los rumanos no han olvidado el papel que en su opinión tuvo la corrupción en los problemas del país.
De acuerdo con la revista Foreign Affairs, el blanco de la ira de los rumanos no es tanto la política como tal sino la “política sucia”, que por lo pronto identifican con el PSD autor de la llamada “ordenanza de emergencia 13”, vista ahora como un desafío tan imprudente como políticamente conveniente.
La reacción pública llevó a que el martes 14, el Senado rumano votara por 118 a cero en favor de anular la propuesta presentada el 31 de enero por el gobierno del premier social-demócrata Sorin Grindeanu, presuntamente para ajustar el Código Criminal con sentencias de la Corte Constitucional. Se esperaba una acción similar por la Cámara baja.
Pero en un reporte la Televisión alemana hizo hincapié en que “los críticos (rumanos) afirman que era un intento de Grindeanu para proteger al presidente del PSD, Liviu Dragnea, que enfrenta un proceso legal por corrupción”.
El presidente Klaus Iohannis, electo en 2014 por el Partido Liberal Nacional (centro-derecha), declinó designar a Dragnea como premier debido precisamente al proceso, aunque el PSD había ganado 45% de los votos en elecciones realizadas el once de diciembre de 2016.
Grindeanu fue nominado por Dragnea el 28 de diciembre y aprobado por Iohannis dos días después. Hacía 13 meses ya que el premier Ponta, también del PSD, debió dejar el poder en desgracia política tras la muerte de 64 personas en el incendio de un centro nocturno que funcionaba pese a que ignoró los códigos de seguridad y salud.
Ese incidente provocó movilizaciones que se reprodujeron aumentadas cuando el gobierno de Grindeanu trató de introducir las reformas legales.
Las protestas, las mayores desde las que provocaron la caida de Ceausescu, lo obligaron a dar marcha atrás.
El movimiento –autoiniciado, no utópico, no ideológico y pacífico– no muestra signos de desaceleración. Y no sólo en la capital”, aseguró la revistaForeign Affairs.
Los rumanos han luchado por décadas contra la corruptela, que en 2015 provocó una crisis de gobierno.
Rumania estaba en 2016 en el sitio 57 de los 176 países que el grupo Transparencia Internacional incluye en sus percepciones sobre corrupción. En 2007 se encontraba en el sitio 69.
Para Vann y Zeneli, pese a su progreso y su membresía en la Unión Europea “no hay mucho cambio en las percepciones” sobre los niveles de corrupción.
La adhesión a la UE en 2007 hasta ahora, ha brindado más esperanzas que realidades a una nación que de acuerdo con el Banco Mundial es la de mayor pobreza relativa en Europa, con 32.6% de los rumanos bajo la línea de pobreza en 2012 y “casi 40% en riesgo de pobreza y exclusión social”.
En ese marco, Rumania debe decidir si quiere ser una nación “próspera y fuerte” o “débil y despreciada”, dijo el presidente Iohannis al resumir lo que presenta como el dilema de su país ante la corrupción.