A un día de la elección, la Universidad publica desplegado para rechazar críticas al proceso de selección para el nuevo rector y sobre supuesto desvío de recursos.
Mérida, Yuc. 01 de noviembre de 2014.- A través de un desplegado publicado en medios locales, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), rechazó de forma categórica lo que calificó como una “campaña de desprestigio que ha venido realizándose” en contra de la institución en algunos medios de comunicación.
A un día para la elección, que ha sido cuestionada por su falta de transparencia, el desplegado de la Universidad, señala que la “legislación universitaria establece claramente los términos y condiciones respecto de los procedimientos de designación de sus autoridades. En el caso de la elección de rector, la legislación universitaria ordena que la votación sea por escrutinio secreto. El propósito es que el voto se ejerza libremente y sin coacción alguna”.
Detalla que la “elección es responsabilidad del Consejo Universitario” y que la “Universidad Autónoma de Yucatán es respetuosa de la ley; su actuación se apoya en el marco jurídico aplicable y velará, como siempre lo ha hecho, por el cumplimiento de la normativa universitaria”.
Sobre el supuesto desvío de recursos, el documento niega que existan “irregularidades y partidas creadas para desviar recursos, concretamente la conocida como Remuneraciones Adicionales y Especiales”.
En sentido, destaca que se trata de “una institución altamente reconocida en los ámbitos nacional e internacional y es igualmente identificada por la administración transparente de sus recursos como lo demuestran las auditorías practicadas por diversos órganos de fiscalización, particularmente la Auditoría Superior de la Federación”.
Asimismo, la Universidad rechazó “las presiones de un grupo minoritario de personas dirigidas a promover que la institución incumpla la normativa universitaria, en lo que respecta a la elección de sus autoridades”.
El día de mañana, el Consejo Universitario que preside el rector Alfredo Dajer Ambimerhi, conformado por directores de facultades y escuelas, un representante de los maestros y uno de los alumnos de cada facultad y escuela, así como el secretario general del Consejo, deberán votar a puerta cerrada para elegir al nuevo rector de la UADY.
Los tres aspirantes a dirigir la máxima casa de estudios del estado, son el Dr. José de Jesús Williams, quien es director general de Desarrollo Académico; Jorge Eduardo Zavala Castro, actual director del Centro de Estudios Regionales Doctor Hideyo Noguchi, así como Antonio González Fajardo, quien busca p
El clan de veterinarios en su manifiesto legaloide de apegarse a la norma pretende continuar con la dictadura perfecta y ejerce presión para detener la democratización en la toma de decisiones vitales como la elección de rector. La ley universitaria no prohíbe las reuniones democráticas en las facultades para consensuar el voto a llevar al Consejo por parte de alumnos y maestros. Lo que no está prohibido, y sería el colmo de lo retrógrado de ese grupo de priístas autoritarios, está permitido como todo buen abogado sabe y profesa como principio jurídico. Entonces el rollo legaloide de que es un voto secreto de consejeros alumnos y maestros para evitar presiones, solo es un rechazo a la democratización. ¿Llevar el voto del consenso de maestros y alumnos es un voto presionado? Extraña lógica política, durante los años de la dictadura perfecta del partido de estado PRI, también había leyes, pero se embarazan urnas, se inventaron ratones locos, y se ejercían presiones desde los poderes de hecho para la coacción y compra de votos. El Voto Consensado de maestros y profesores no es resultado de presiones y chantajes, sino de un ejercicio democrático y transparente del proceso de elección de Rector. Y los directores ¿qué voto llevan? Hay que cambiar para cambiar. Los representantes son eso, representantes, con capacidad de discusión en sus respectivos sectores, pero también de admitir el resolutivo del colectivo. El nuevo rector pasaría a la historia de la democratización si promueve y consensa un cambio en el procedimiento de elección de directores y rectores.