Organismos civiles y municipios mayas presionarán a la Federación para que no se siembren productos modificados en Yucatán
Mérida, Yucatán 14 de agosto de 2019.- Tras darse a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las zonas libres de transgénicos en Yucatán, integrantes del Colectivo MA OGM calificaron esta medida como conservadora y afirmaron que aún quedan recursos legales, por lo que seguirán en la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que dañan el campo yucateco, además de que presionarán al Gobierno Federal para que actúe en favor de la comunidad.
Como informamos, en sesión del pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sólo la Federación puede establecer las zonas libres de Organismos Genéticamente Modificados, invalidando así el decreto estatal 418/2016 por el que se declaraba a Yucatán una zona libre de estos organismos y que fue emitido por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello.
Los ministros argumentaron que, de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución, corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad y distribuir competencias en favor de las entidades federativas. Añaden, “el Congreso de la Unión, en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados atribuyó a la Secretaría de Desarrollo Rural la facultad exclusiva para establecer zonas libres de transgénicos.
Al respecto, Luis Arturo Carrillo Sánchez, coordinador de comunicación del Colectivo MA OGM, lamentó la decisión que -recalcó- es conservadora, toda vez que existían los argumentos legales para sostener el decreto.
Aunado a esto, retomó la idea expuesta por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien explicó: “cada Estado debe tener la facultad de poder ejercer o decidir si permite los transgénicos en su territorio o no, al margen de lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad, es decir, una zona libre para no competir o no dañar los cultivos orgánicos de la misma especie”.
Carrillo Sánchez afirma que algo así se realizó en 2015 en la Unión Europea, donde tras años de lucha los Estados miembros cambiaron la legislación y ahora existen dos filtros para poder sembrar OGMs. Detalla que el primero corresponde a la Unión Europea, si esta es su aval, le toca a cada Entidad decidir si lo permite o no.
“Es algo más avanzado, en este sentido iba nuestro decreto. Dos filtros, el primero de los órganos federales y el otro era el Estado de acuerdo a nuestras condiciones. Aquí tenemos condiciones diferentes al norte, una cultura maya viva, con tradiciones y formas de cultivar la tierra como lo es la maya; es un mega proyecto”, declaró.
Sobre los recursos que dijo mantienen viva su demanda están en primer lugar la suspensión emitida por la SCJN y que obligó, en 2017, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a revocar el permiso que le otorgó a Monsanto Comercial S. de R. L. de C. V. para la siembra de soya genéticamente modificada en siete entidades, Yucatán incluido.
La suspensión se dio bajo el sustento de que la empresa realizó un manejo no confiable de la tecnología autorizada puesto que no había certeza de que los controles de inventario de las semillas fueran efectivos.
Aunque dijo: “hay suspensión en toda la Península en tanto no se realice la consulta maya; pero esto no es garantía pues la siembra se sigue dando en Campeche, no hay estado de derecho, no hay condiciones de bioseguridad, el Estado no puede garantizar la bioseguridad en ese aspecto y se sigue sembrando de una y otra forma, no en 10 hectáreas, hablamos de miles de hectáreas”.
El segundo recurso, mencionó, es la solicitud de la Zona Libre de Transgénicos (ZLT) hecha desde 2012 por las comunidades mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.
Seis años después, el Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en Mérida resolvió que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la responsable de responderle a los más de dos mil afectados que piden la declaratoria.
Con estos antecedentes, Luis Carrillo Sánchez afirmó que ahora se concentrarán en presionar al Gobierno Federal para que las instancias correspondientes para que, toda vez que se están acatando los requisitos, deben cumplirle a las comunidades mayas que exigen el establecimiento de una ZLT, además de que recalcó “es la única solicitud de zona libre de transgénicos en todo el país”
Antes de finalizar y sobre el actual gobierno estatal, dijo que sí han tenido mesas de diálogo con la secretaria de Desarrollo Sustentable por este tema, pero reveló no confiar en que la administración de Mauricio Vila “quiera dar una batalla contra los transgénicos, pues puede que no tengan la misma convicción que el gobierno anterior”.
Karen Clemente.