Sin conflictos por Voluntad Anticipada: Codhey

No ha habido casos en los que se niegue el derecho de enfermos terminales a decidir sobre su tratamiento 

Mérida, Yucatán, 10 de junio de 2017.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff Ailloud señaló que a un año de la aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada en el estado, aún no se han acercado a ese organismo para reportar el incumplimiento de la misma o la denegación a enfermos terminales para acceder a ese derecho.

Asimismo, recalcó que a través de esa ley se respeta la dignidad humana, sin que se llegue a la eutanasia.

“Afortunadamente no tenemos ningún caso en el estado de alguien que quiera utilizar esta ley y se haya negado este derecho”, señaló el presidente de ese instituto.

Cabe mencionar que esta ley fue aprobada en junio del año pasado para permitir a los enfermos terminales decidan sobre su tratamiento, sin que este se considere un delito.

Al respecto, el ombudsman estatal señaló que tras revisar la mencionada norma, la consideran “una ley de avanzada”.

“Esta ley no habla de eutanasia, la vemos con buenos ojos y consideramos que se busca respetar la dignidad humana, sin caer en la eutanasia”, dijo Goff Ailloud.

Señaló que previo a la aprobación de la Ley de Voluntad Anticipada existió una intervención interdisciplinaria por parte de académicos, representantes de  bioética, entre otros especialistas.

Goff Ailloud explicó que la diferencia entre la eutanasia y la ley antes mencionada es que en la primera el paciente terminal pide asistencia para morir y en la segunda se utilizan tratamientos paliativos mientras el enfermo terminal fallece.

Comentó que como organismo público de derechos humanos, la CODHEY está obligada a respetar la legalidad y aplicación de la Ley de Voluntad Anticipada.

Invitó que si alguna persona considera que una autoridad de salud se niega aplicar la mencionada ley, se acerque y lo hagan del conocimiento del organismo de derechos humanos en el estado para estos a su vez intervengan “para garantizar su derecho a la legalidad”. (Guillermo Castillo)