Se han presentado 8 denuncias en lo que va del año
Mérida, Yucatán, 19 de abril del 2018.– El Vicefiscal Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Junior Arellano Santana expresó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral no ha sido adecuado para atender los delitos electorales. Esto en vista de que éste es el primer proceso en el que se operará dicho sistema.
El funcionario explicó que los ilícitos electorales generalmente ocurren “en la intimidad”, como en el caso de la compra y coacción del voto, es decir, no se llevan a cabo de manera «evidente» como otros delitos.
Actualmente se están integrando los expedientes de las quejas y solicitando informes a los implicados. El vicefiscal agregó que no hay plazos para resolver dichos asuntos pero se procurará agilizar los procesos para que sean resueltos antes de la jornada electoral del 1 de julio.
Las sanciones por tales delitos podrían ser multas que van de los 100 a los 5 mil días de salario mínimo. Incluso podría dictarse formal prisión a quienes sean hallados responsables, con una pena máxima de 15 años en la cárcel.
Arellano Santana indicó que la cifra de delitos electorales redujo, ya que en los comicios del 2015 en el mismo lapso se habían reportado entre 70 y 80 denuncias. Atribuyó este suceso a que la vicefiscalía ha resuelto e investiga las quejas que recibe y como ejemplo citó los casos de turismo electoral que ha turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
“La Fiscalía trabaja en los expedientes y ya con estas nuevas elecciones ellos saben que estamos atentos al proceso. No tienen temor, pero sí hay una cuestión que les impide cometer determinados ilícitos porque saben que las autoridades electorales estamos vigilantes”, sostuvo.
Finalmente comentó que de las denuncias del proceso electoral anterior quedaban rezagados dos casos (de Mama y Yaxcabá), en los que no fue posible determinar la culpabilidad de los presuntos responsables por lo que se dictó el archivo de los expedientes para que no prescriban los delitos. Añadió que en ambos casos las personas involucradas fueron citadas y negaron “haber visto algo”, además de que ningún ciudadano quiso atestiguar sobre los hechos. Dado que la autoridad judicial requería testigos y no fue posible obtenerlos, los casos fueron archivados. (Lilia Balam)