Senado transformó la opacidad en el fortalecimiento para la rendición de cuentas y así recuperar la confianza de la ciudadanía, señaló la senadora Angélica Araujo.
Ciudad de México, 19 de marzo de 2015.- Los ciudadanos ejercerán el derecho humano de acceso a la información una vez que el Senado de la República aprobó transformar la opacidad en el fortalecimiento para la rendición de cuentas del Estado mexicano y con ello recuperar la confianza en las instituciones.
Así lo afirmó Angélica Araujo Lara, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, quien votó a favor de la reforma que se discutió en la Cámara Alta y que sienta otro precedente para el desarrollo y credibilidad al impactar directamente a quienes ejercen recursos públicos ya que se expide la nueva Ley General de Transparencia.
-Tomamos en cuenta el interés público para garantizar el derecho de acceso a la información, para que los ciudadanos sepan como ejercen el presupuesto las autoridades, los Poderes de la Unión, sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos, estamos comprometidos con la ciudadanía para que vuelvan a confiar en sus gobernantes, en sus representantes, en sus instituciones, recalcó Araujo Lara.
Entre los puntos importantes de la norma, abundó, se incluye imponer a los sujetos obligados, que incurran en algún incumplimiento, medidas de apremio que abarca amonestaciones públicas y multas desde 3, mil 500 pesos hasta 105 mil pesos, por otra parte, para los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información será gratuito y solo se requerirá el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
Los poderes legislativos deberán publicar las listas de asistencias a todas sus sesiones tanto en pleno como en comisión, las votaciones, los montos que se pagan por prestación de servicios personales, semestralmente deberán emitir un informe del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación. Asimismo, publicarán una lista de su padrón de cabilderos, lo que permitirá prevenir conflicto de intereses.
La actualización normativa establece conformar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mismo que estará integrado por: el IFAI, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación.
La propuesta será enviada como minuta a la Cámara de Diputados y se da el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley para que se homologuen tanto a nivel federal como local, todas las disposiciones necesarias.