En cinco estados, menos de 50% de los agentes tiene documento oficial para trabajar
Ciudad de México, 11 de julio de 2017.– De los 401 mil 21 elementos de seguridad, procuración de justicia en los estados, así como de la Policía Federal, Instituto Nacional de Migración (INM) y Procuraduría General de la República (PGR) sólo 300 mil 518 están certificados para poder trabajar.
El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) menciona que 300 mil 518 elementos tienen un certificado vigente; 33 mil 188 no son aptos para trabajar; 13 mil 302 están a la espera del resultado; cuatro mil 988 siguen sin ser evaluados, mientras que el reporte no especifica la situación de 49 mil 25 de los tres niveles de gobierno.
Los datos del SESNSP muestran que en cinco entidades del país y en una dependencia federal, menos de 50% de los policías, custodios y personal de procuración y justicia, tienen un certificado vigente para trabajar.
En Tlaxcala, sólo 924 elementos de los tres mil 83 que laboran en el estado, cuentan con la certificación; en Guerrero, una de las entidades con más asesinatos del país, sólo tres mil 760 de los nueve mil 896 están certificados.
Sinaloa tiene un estado de fuerza de siete mil 814, de ellos, tres mil 203 están avalados por la federación para poder desempeñarse en sus puestos.
En Yucatán, donde hay aumento de los homicidios por la presencia de cárteles que se disputan la entidad, dos mil 998 elementos de los siete mil 140 que integran la seguridad y procuración de justicia, tienen el certificado vigente.
Mientras que en Durango, donde hay tres mil 788 elementos, sólo mil 818 cuentan con un documento que acredita que son aptos para poder trabajar. En el Instituto Nacional de Migración, sólo mil 936 de los cuatro mil 439.
En entidades como Michoacán, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, el personal que cuenta con certificado es menor a 70 por ciento.
Desde 2009 se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establecen como requisito las evaluaciones de Control de Confianza para poder laborar en una institución de seguridad o procuración de justicia.
El Capítulo II, artículo 96, en el que se detalla la Carrera Policial y la Profesionalización, menciona que la certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de cada elemento.
Según la Ley, las evaluaciones buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo; y que el elemento cumpla con la edad.
En caso de no aprobar los exámenes, el Título Quinto de la Ley, sobre el Desarrollo Policial, refiere que “los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, sin que proceda su reinstalación o restitución.
Según autoridades estatales y federales uno de los principales motivos por el que policías, ministerios públicos, custodios y personal de diferentes áreas continua laborando, es porque los elementos se ampararon, las dependencias no tienen dinero para pagar su finiquito.