239 servidores públicos fueron sancionados por violaciones en 2019, informó la CODHEY
Mérida, Yucatán, 26 de febrero de 2020.- En el informe anual de actividades correspondiente al 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reportó que las autoridades más señaladas por presuntas violaciones fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Ayuntamiento de Kanasín; Secretaría de Educación (Segey); Fiscalía General del Estado (FGE).
El titular de la Codhey, Miguel Óscar Sabido reconoció que se emitieron 32 recomendaciones, dirigidas a un total de 24 autoridades. Las cinco más recomendadas fueron: Secretario de Seguridad Pública del Estado, 11; Fiscal General Estado, 7; Presidente Municipal de Tekax, 5; ayuntamientos de Panabá y Dzilam González, 2 cada uno.
Durante su comparecencia ante legisladores en el Congreso del Estado, denunció que las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública; Ayuntamiento de Kanasín; Secretaría de Educación; Fiscalía General del Estado; Ayuntamiento de Progreso; Secretaría de Salud de Yucatán; así como los ayuntamientos de Mérida, Motul, Muna y Umán.
Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad; violación a los derechos de los niños; y retención ilegal.
Afirmó que hubo un incremento de 20 por ciento de solicitudes de atención respecto al año pasado, alcanzando un total de 4 mil 294, un promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias.
De las 4 mil 294 solicitudes de atención: 1,980 fueron orientaciones; 1,783, gestiones y 446 quejas. Se emitieron 32 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública así como a la Fiscalía General del Estado.
Sabido Santana atribuyó el incremento de quejas a que la sociedad ya está más informada, exige y hace valer sus derechos humanos.
Al rendir su informe de actividades, dijo que 239 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2019, se recibieron en las oficinas de Mérida, las Delegaciones de Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de 4 mil 294 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 12 asuntos por día.
Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, se iniciaron de oficio 27 expedientes.
Detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 196 medidas cautelares a un total de 34 autoridades, de las cuales 149 fueron aceptadas, es decir, el 76 por ciento de las medidas dictadas.
Se interpusieron ante el Ministerio Público 10 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.
Se llevaron a cabo 228 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de personas, para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente.
Manifestó que la Codhey participó como observadores en más de 10 marchas y manifestaciones ciudadanas, así como en los procesos de consultas previas y ciudadanas, verificadas a los pueblos y comunidades mayas en relación a la construcción de parques fotovoltaicos y del proyecto del tren maya.
Javier Escalante Rosado