El delegado del Procuraduría Agraria de Yucatán, Alfredo Ramírez Gómez, las recibió en sus oficinas; aseguró que las partes firmaran un convenio de conciliación.
Mérida, Yucatán, 22 de febrero de 2019.— Hace doce años, un centenar de personas compraron terrenos ejidales en la colonia Tamarindos —al norte de Mérida—, sin embargo, una década después de construir sus viviendas les notificaron que serían desalojados porque el comisario volvió a vender las tierras. El pasado 14 de febrero interpusieron un recurso jurídico ante el Tribunal Superior Agrario, a los ochos días el delegado del Procuraduría Agraria de Yucatán, Alfredo Ramírez Gómez, los recibió en sus oficinas y prometió apoyarlos.
Marcela Chan Chan, una de las afectadas informó que los despojos son encabezados por Rebeca Buenfil Méndez y el actual comisario Baltasar de los Reyes Huchim con el propósito de revender los predios a precios elevados.
“Nosotras compramos los terrenos con buena fe, sin imaginar que nos intentarían desalojar 10 años después, han pasado 2 años desde que comenzamos a defendernos y fue hasta hace una semana que nos dieron una respuesta positiva”, explicó la afectada.
Hace unas semanas, informaron a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Odilisa Gutiérrez Mendoza, de la situación y en breve ofreció darles respuesta.
Nosotras denunciamos un despojo ilegal de viviendas porque compramos los terrenos—continuó— a ejidatarios . “Tenemos todos los documentos de compra-venta donde se comprueba que ellos recibieron dinero. Cómo es posible que 12 años después resulta que las tierras cuestan más y por eso pretenden venderlas al mejor postor”.
Los manifestantes sostuvieron tener los papeles que acreditan que pagaron por esos terrenos donde construyeron sus viviendas. “Por eso pedimos certeza para saber qué va a pasar con nosotros”.
Chan Chan mencionó que ya desalojaron a 10 familias —aunque ya se ampararon— y están en proceso otras 30. “Tenemos todas las pruebas de lo que pagamos al ejidatario y al comisario, por ello pedimos certeza jurídica, que nos den nuestro título de propiedad”.
El delegado Ramírez Gómez dijo para Desde el Balcón, que los terrenos fueron adquiridos con buenas intenciones, pero pertenecían a la parcela escolar de los ejidatarios, y por ello tienen una sentencia en contra que los obliga a desalojar las tierras en donde edificaron sus viviendas.
El acuerdo fue resolver el tema a través de la conciliación y de ser posible firmar un convenio entre los vecinos y el ejido.
El delegado en fechas pasadas reconoció públicamente que las autoridades han pisoteado los derechos de los campesinos, y que en algunos casos —los funcionarios— podrían estar relacionados con actos de corrupción al permitir el despojo de tierras. Armó —enfáticamente— que denunciará cualquier acto de corrupción en la delegación federal.
“Cuando rendí protesta como delegado de la Procuraduría Agraria nos dijeron; señores delegados, ustedes pueden meter las patas, pueden equivocarse, pero no pueden meter las manos por nadie de la iniciativa privada; basta de tanta injusticia, y basta de abusar de los campesinos”, finalizó.
(Javier Escalante Rosado)