Asamblea Nacional Constituyente aprobará una ‘Ley contra el odio y la intolerancia’
Caracas, 5 de septiembre de 2017.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada por el oficialismo en Venezuela, hará responsables a las empresas proveedoras de los mensajes en las redes sociales que inciten al odio y la intolerancia.
Así lo anunció este lunes en un acto público la presidenta de este suprapoder, Delcy Rodríguez.
Vamos a regular los mensajes en los medios de comunicación y principalmente en las empresas proveedoras de estos mensajes en las redes sociales», afirmó Rodríguez.
Las empresas serán responsables de la difusión de mensajes de esta naturaleza», añadió.
La ANC anunció que aprobará una «Ley contra el odio y la intolerancia» que se ocupará de regular la difusión de contenidos en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Tenemos que con esta ley (…) podamos sanar las heridas de la violencia producto de la intolerancia», expresó Rodríguez en un acto en el estado occidental Lara, durante una gira por provincias para recabar ideas para la «Ley contra el odio».
En la línea ya habitual del oficialismo, Rodríguez achacó la violencia en las marchas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de este año a delitos de odio contra algunos venezolanos por su orientación política chavista y bolivariana.
Ha estado dirigido el odio y la intolerancia contra un grupo político en Venezuela, contra el chavismo, contra los bolivarianos y contra las bolivarianas», declaró Rodríguez.
Además, incluyó este supuesto sentimiento en una lista de delitos de odio en la que también mencionó la discriminación de raza, clase y orientación sexual.
Rodríguez acusó a la «derecha» (como se refieren a la oposición desde el oficialismo) de propagar el odio en las redes sociales, y habló de la «Ley contra el odio» como un instrumento para acabar con este fenómeno.
Más de 120 personas murieron en las protestas contra el Gobierno de este año en Venezuela, que se saldaron con enfrentamientos casi diarios con las fuerzas de seguridad.
Organizaciones pro derechos humanos y Naciones Unidas responsabilizaron de muchas de las muertes a agentes de la seguridad del Estado y a grupos de civiles armados partidarios del Gobierno.