Acusan que la CODHEY es controlada por una red conservadora de asociaciones civiles
Mérida, Yucatán, 04 de diciembre de 2018.- Como pocas veces ha sido visto, un reconocido grupo de mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos de Yucatán se reunieron para respaldar nuevamente a Martha Góngora Sánchez después de haber sido descalificada como candidata para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Acusan que el organismo es controlado por una red conservadora de asociaciones civiles que se opone al matrimonio igualitario.
Hace una semana la ex titular de la secretaría general de gobierno levantó la mano para ser considerada como candidata a mencionado puesto, pero la Comisión permanente de derechos humanos, encabezada por la legisladora María Moisés Escalante (PRI) decidieron “echar para atrás” su aspiración argumentando que mantenía nexos con el Consejo del Partido Revolucionario Institucional.
Han pasado varios días, y según denunciaron en la rueda de prensa Góngora Sánchez no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto, cuando los estatutos del Congreso dictaminan que debe cumplirse con ley de aviso.
Góngora Sánchez, expresó que cuando decidió participar lo hizo asumiendo los costos y compromisos que ello implicaba, y analizó todos y cada uno de los requisitos que se requería desde su perspectiva jurídica como abogada, teniendo en cuenta que reunía las condiciones personales y técnicas para desempeñar el cargo.
“Sin entrar en detalles, considero que el perfil ideológico es un derecho que tienen todas las personas y por lo tanto no debe verse como un limite para ocupar un cargo público, tal y como lo dice la Constitución en sus garantías individuales ; tomando en cuenta lo anterior existe todos los argumentos suficientes para acudir a los juzgados federales porque no existe implementación ni motivación, hasta la fecha no he sido notificada sobre que requisito incumplí”.
Aunque expresó desconocer si impugnará el proceso, aseguró que a partir de ahora trabajará desde la trinchera del activismo social, y dejo ver que no ha pensado si continuará activamente como militante dentro del PRI.
Gina Irene Villagómez Valdes, aclaró que no están promoviendo la titularidad de Góngora Sánchez en la Codhey, sino que están defendiendo el derecho de una mujer a participar en la vida pública, y las diputadas ni siquiera notificaron oficialmente los motivos por el cual no aceptaron su candidatura.
Asimismo expresó que la Codhey tiene una red de asociaciones civiles “a modo”, y que ha sido una simulación en todos los gobiernos y partidos, “hay un grupo de organizaciones sociales que tienen una tendencia ideológica conservadora” que apoyan a uno de los candidatos a Ombudsman y que se oponen a los matrimonios igualitarios.
Adelaida Salas Salazar, expresó que son mujeres que luchan porque menos mujeres sean violentadas, y que se les respete sus derechos, “lamentan terriblemente que las y los diputados no se ocupen de lo trascedente para el estado, acusan que la Codhey está en manos de un grupo”.
“Hay gente que fue postulada por más de 100 organizaciones, pero lo importante es quien tiene el conocimiento de que es un derecho humano y que sean valientes para hacer una recomendación que estas hay veces no llegan o se hacen demasiado tarde”
Ligia Vera, que quede claro, a todas las mujeres si consideran que sus derechos son violadas aquí estaremos para apoyarlas. Estamos a favor de la participación de Martha Góngora Sánchez, no me preocupa si va a ganar o no, me preocupa que violenten sus derechos como mujer. Es desagradable escuchar a una diputada diciendo que no tiene la moral para postularse, en referencia la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) y Katia Bolio Pineda (PAN) quienes calificaron como “lamentable” y sin “ética” su candidatura.
La Codhey es un elefante blanco que lo último que ha hecho es defender son los derechos humanos de las y los yucatecos, todo lo contrario los ha violentado. Argumentó una de las declarantes.
Nancy Walker, denunció que la Codhey debería vigilar a las autoridades locales, y que vea que cumplan no violentando los derechos de las personas con discapacidad, de mujeres, o de personas con otras orientaciones sexuales. (Javier Escalante Rosado)