45 días como máximo para emitir el certificado de idoneidad de los padres en cualquier Estado
Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2016.- En el marco de la celebración del “Día del Niño”, el legislador yucateco Francisco Torres Rivas dio a conocer que los diputados federales aprobaron reformas que permitirán a los menores en desamparo ser adoptados con mayor prontitud.
Torres Rivas señaló que actualmente es tardado el proceso de adopción de niños y adolescentes, tiempo en el cual aumenta su edad y disminuyen sus posibilidades de ser adoptados por una familia. En tanto, las parejas que desean un hijo pierden las esperanzas de integrar a un pequeño a su hogar.
Por ello la Cámara de Diputados reformó ayer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que rige en el país, estableciendo un procedimiento único que homologa los requisitos y procesos administrativos “para que el trámite de adopción sea más rápido, eficaz y transparente”.
El legislador por Yucatán especificó que, por primera vez, todos los estados tendrán un plazo máximo para emitir el certificado de idoneidad de los padres.
“Una vez entregados los requisitos por los papás solicitantes, los sistemas DIF o, en su caso, las procuradurías de la Defensa del Menor, tendrán un plazo de 45 días para expedir dicho certificado, que será válido para iniciar un proceso de adopción en cualquier Estado”.
Asimismo se prohíbe solicitar a los padres adoptantes certificado de infertilidad como requisito, pues se considera que atenta contra los Derechos Humanos.
Además quedan prohibidas las adopciones privadas, atendiendo las recomendaciones de la ONU, y se elimina el riesgo de que los niños sean vendidos para ser adoptados.
El Centro de Estudios de Adopción estima que alrededor de 30 mil menores se encuentran en desamparo familiar y viven en 700 centros de asistencia social en todo el país.
“Esto abre una gran posibilidad a todas aquellas parejas que durante años han estado años tratando de adoptar a un hijo y de dotar de una vida familiar a los niños que nunca la han tenido”.
El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Los estados tendrán un plazo de 180 días para adecuar su legislación y generar reglamentos especializados.