Por medio de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Ciudad de México, 2 de julio de 2019.- En medio de una ríspida discusión, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los artículos no reservados, con el fin de hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios.
La discusión, que empezó a las 02:00 horas de este martes, cuando se entregó a la Mesa Directiva el dictamen que fue aprobado con una votación muy cerrada, e incluso por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, registró un empate, se terminó a las 3:56 de la mañana.
Después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a favor y 29 abstenciones, del PRI y del PAN, principalmente, se procedió a la discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas, para lo cual se registraron 15 oradores.
Lo que se avaló fue la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de no aceptarse reservas o adiciones pasará al Ejecutivo, de lo contrario, si el dictamen queda en sus términos, se regresa a la Cámara de Diputados.
El artículo 61 de dicha ley señala: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Desde los posicionamientos, los partidos de oposición PAN, PRD y PRI plantearon las inconsistencias del dictamen que se presentó, y se habló de que para aplicar una política de austeridad se necesita un bisturí, no un machete que haga recortes sin basarse en estudios.
La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, planteó que al haberse aprobado con tanta rapidez un dictamen en sus términos, después de que no se tomaron en cuenta días y horas de trabajo, donde ya se había logrado un consenso de más de 70 por ciento, se tendrá que lidiar con los errores de la prisa, ya que este legislación podrá ser motivo de presentación de diversas controversias constitucionales.
Varios senadores advirtieron que, por ejemplo, al proponer la prohibición de que los servidores públicos no podrán ocupar empleos en la iniciativa privada por cinco años para no exponer información, les limitan su derecho constitucional al trabajo.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó que el dictamen se contrapone a la jurisprudencia emitida por la Corte, como es el empleo de palabras en inglés.
Además se contradice el dictamen de libre empleo, preceptos de inviolabilidad de división de poderes, porque invade atribuciones y puede ser impugnada ante la Corte.
La senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez, señaló que esta ley no toma en cuenta las normas de transparencia, pues observa que los recursos que se obtengan de la política de austeridad se podrán utilizar de forma discrecional para impulsar programas sociales por parte del Ejecutivo federal, lo que calificó de “entregar un cheque en blanco”.
“Este recurso público de los ahorros que dejan en manos del Presidente puede ser utilizado político electoral, como dádiva, a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en las que se utilizará el recurso. Nosotros estamos para ser contrapeso, es lamentable que no lo entienden, y que de lo que tanto se quejaron lo estén magnificando”, expresó en tribuna.
El priista Carlos Ramírez Marín y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, coincidieron en que la discusión es ilegal, pues de acuerdo con el reglamento, dicha discusión no debería de haberse aceptado, pues el dictamen no tenía una votación absoluta, sino que incluso se registró un empate.
Antes, el senador de Morena Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expuso los alcances de esta legislación que prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos.
Así como las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación; se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.
Se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.
La Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las medidas mencionadas.
Con relación al comportamiento austero y probo de los servidores públicos, se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos.
Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Por ningún motivo se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Agencias.